Más de 15.000 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires forman parte del mercado de alquileres temporarios, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos, en el que se consignó que la mayoría de los inmuebles están ubicados en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta y Retiro.
El relevamiento indica que en abril fueron 15.144 las viviendas activas en oferta en la plataforma de alquiler temporario en el distrito porteño, mientras que en 2019 la cifra rondaba las 9.300 unidades, por lo que “en cuatro años y con una pandemia de por medio, la oferta creció 62%”.
La investigación del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, dirigido por Matías Barroetaveña, precisa que los alquileres temporarios se localizan mayormente en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires y menciona que "seis de cada diez están a lo largo de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Retiro y La Boca".
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"En Palermo y Recoleta están particularmente concentrados; allí se ofertan el 36% y 15% de las propiedades. Así, estos dos barrios concentran más de la mitad de las propiedades ofertadas en Buenos Aires”, agregó el informe.
Al respecto, Barroetaveña -que también es legislador porteño por el Frente de Todos- señaló que “es necesario que los gobiernos entiendan el fenómeno de los alquileres temporarios como algo que trasciende las dinámicas del turismo, que no es sólo un problema comercial sino que, a su vez, implica impactos urbanos y habitacionales”.
“La legislación nacional o provincial tiene que ser capaz de definir los alquileres temporarios como una actividad diferente al uso residencial y debe tener que tenga una regulación específica para evitar fenómenos distorsivos, y reducir el impacto negativo que tiene en el acceso a la vivienda para los que desean habitar en la ciudad”, dijo.
En ese sentido, el diputado Barroetaveña presentó un proyecto para modificar la actual ley de “Alquileres Turísticos Temporarios” que promueve “sanciones más severas y transparentes a los locadores y a las plataformas que no cumplan con la normativa”.
También apunta a que el control de este tipo de alquileres pase del Ente de Turismo a la Agencia Gubernamental de Control y que “los fondos recaudados en concepto de multas sean afectados al financiamiento de operatorias de alquiler social llevadas adelante por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires”.
Con información de Télam
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