La importancia de contar con sectores regulados en la economía permite trazar una estrategia antiinflacionaria. Desde que se conoció el decreto que que declara las prestaciones de internet y televisión por cable como servicios públicos los sectores alcanzados iniciaron el operativo clamor mientras amenazan con suspender supuestas decisiones de inversión. Las dos principales empresas del sector, Cablevisión y Telecom, informaron la semana pasada ganancias por casi 4000 millones de pesos para el segundo trimestre del año, de plena pandemia.
Sin embargo, pocos se centran en que le otorga al Estado una herramienta que, bien utilizada, puede morigerar la inflación. Con el mismo marco regulatorio, durante el macrismo la inflación estuvo en una gran medida explicada por los precios regulados, gas natural, telecomunicaciones, energía eléctrica, transporte, agua potable, combustibles y prepagas, entre otros. Además de los efectos de la devaluación en alimentos.
Dado que ofrecen un bien que suele denominarse "social", la regulación estatal permite una mejor redistribución y asegura un acceso más equitativo. Pero eso no lo da la mera regulación sino también cómo se ejerce. Para tener una idea de esta situación basta comparar la incidencia que tuvieron los precios regulados en el bolsillo de las familias. Según el INDEC, el 2019, el año de mayo inflación desde 1991, el Indice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 53,8 por ciento para el nivel general, mientras que en sólo en regulados hubo un aumento de 48,2 por ciento. En algunas zonas del país los precios de los regulados aumentaron en un 53,5 por ciento.
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La dolarización de las tarifas, los esquemas arbitrarios de ajuste de los contratos y del servicio y la aprobación casi automática de los pedidos de aumentos durante la gestión Cambiemos explique el peso del sector regulado en el presupuesto familiar. Alquiler y servicios básicos durante el macrismo aumentaron 422 por ciento; prepagas y medicamentos, 305,5 por ciento; transporte, 289,6 por ciento, mientras que alimentos y bebidas acumularon un alza algo menor (252 por ciento).
Para intentar frenar la inercia inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares se congelaron algunos aumentos y se morigeraron otros. Los no regulados aumentaron como si no hubiese pandemia. En julio las regulados aumentaron 0,5 por ciento mientras que el nivel general fue de 1,9 por ciento. En lo que va del año la inflación minorista medida por el INDEC acumula un 15,8 por ciento, mientras que los regulados tuvieron un incremento de 5,7 por ciento, un tercio del total.
En mayo, un grupo de asociaciones de usuarios y consumidores exigieron al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la anulación de los aumentos dispuestos en los servicios de televisión por cable, internet, telefonía fija y móvil durante la cuarentena. Las asociaciones recordaron que el 26 de marzo le reclamaron a ese mismo organismo que intimara a Personal (Telecom) y Movistar (Telefónica) para que retrotrajeran los aumentos aplicados durante la cuarentena.
Además del aumento denunciado por las organizaciones de usuarios del 30 por ciento llevado a cabo sólo durante la cuarentena obligatoria, estos grandes grupos hacen de la “modificación” de precios una constante que afecta directamente al bolsillo de los hogares. Esta semana algunas empresas enviaron sus síntesis de estados contables a las autoridades de la Bolsa porteña. Entre ellas Cablevisión Holding, que informó una ganancia de 2161 millones de pesos entre enero y junio, mientras que Telecom contabilizó para ese período un resultado positivo de 1744 millones de pesos.