La senadora nacional María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) afirmó que, con la ausencia de la oposición en el debate de la comisión bicameral de la Cámara Alta, el decreto presidencial que fija el congelamiento de tarifas hasta fin de año sobre la televisión por cable, telefonía e Internet se refrendará sin cambios en el Congreso. "Es una pena que se pierdan la posibilidad de discutirlo", aseguró la senadora puntana en diálogo con El Destape. Catalfamo analizó la decisión del Ejecutivo de declarar estos servicios como "público", los alcances, las trabas que se intenta instalar la oposición y la posibilidad de ampliar esa medida para federalizar el acceso a la información.
Este lunes se inició el debate en comisión bicameral sobre el decreto que difundió el viernes a última hora el Gobierno, el cual declara servicios públicos la televisión prepaga (cable), la telefonía móvil (la fija ya estaba contemplada) y el acceso a Internet. El debate se dio con la ausencia de los y las representantes de Juntos por el Cambio.
La senadora, que integra la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en una entrevista con este medio la iniciativa oficial frente a las amenazas que esgrimen los grupos concentrados sobre la posibilidad de frenar sus supuestos proyectos de inversión. "Los grupos empresarios que nos otorgan telefonía fija, celular y televisión prepaga han aumentado considerablemente sus cuotas en los últimos años y eso no redundó en mayores inversiones", aseguró Catalfamo.
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-Teniendo en cuenta los pedidos de inconstitucionalidad que deben estar redactando los bufete de abogados de las empresas, ¿cree que el DNU fue la herramienta idónea para una medida de esta magnitud?
-Hoy estamos en una situación de pandemia que ningún gobierno en el mundo se lo esperaba. Frente a esta crisis sanitaria, que golpea aún más los bolsillos de los argentinos y las argentinas, tomar decisiones a través de DNU es sumamente acertada. Esta situación sanitaria hizo que el acceso a Internet sea fundamental, porque todos estamos sujetos de manera permanente para trabajar, para estudiar y hasta para socializar a este servicios. No sólo quienes trabajan, sino también los jóvenes para seguir sus carreras universitarias y terciarias y es la forma que tenemos todos para comunicarnos con nuestros seres queridos.
-El derecho de la sociedad no parece un argumento que las empresas vayan a respetar.
-Estos decretos lo refrendaremos en el Congreso. Ahora se está analizando en comisión para después ir con dictamen y tratarlo en el recinto. El hecho de que la oposición no aparezca y que no tenga presencia en este tipo de debates deja muchísimo que desear porque no están representando a la población que los votó, que los eligió, que los puso en ese lugar para ser oposición.
-¿El decreto es volver a la situación previa a la derogación macrista?
-En el 2014 se instruyó un artículo en la ley argentina digital, el número 15, que declaraba servicios públicos a los mismos sectores que estamos trabajando ahora, como Internet, telefonía fija y móvil y televisión paga. Cuando asumió Macri se derogó ese artículo inmediatamente, en 2015, y por decreto. Y ahí no había necesidad y urgencia como la que plantea la pandemia. Las necesidad de urgencia tienen que ser siempre para poder ampliar derechos y avanzar en la inclusión social, no para aumentar las ganancias de las empresas. Ahora también se hace por DNU pero gira inmediatamente al Congreso.
-¿Habrá margen para introducir reformas al decreto?
-Si la oposición no se presenta, en la bicameral sale sin cambios Y es una medida del Presidente que, como oficialismo, apoyamos, teniendo mayoría. Después se verá en el tratamiento en la sesión.
-Su provincia (San Luis) se hizo conocida por el "Internet para todos". ¿Es aplicable a nivel nacional?
-En la provincia tenemos una autopista de la información con miles de kilómetros de fibra óptica que lleva la Internet casi todos los pueblos. El derecho del acceso univesal a Internet aquí es un política de Estado más allá de un derecho humano. A nivel nacional tuvimos con la Comisión distintas reuniones con agrupaciones de jóvenes. Lo que más surgió entre las dificultades que tienen en el actual contexto en las distintas provincias es el acceso a Internet. Por eso creo que es sumamente valorable el anuncio del Presidente.
-Las empresas aseguran que no podrán llevar el mismo ritmo de inversiones.
-Los grupos empresarios que nos otorgan telefonía fija, celular y televisión prepaga han aumentado considerablemente sus cuotas y eso no redundó en mayores inversiones. El hecho de que se frenen los aumentos tarifarios tiene que ver con cuidar el bolsillo de los y las argentinos, porque necesitamos poder comunicarnos. Además es una cuestión de justicia social para una verdadera igualdad de oportunidades.
-¿Cree se puede discutir costos y ganancias de estas empresas?
-En primera instancia se utilizará para que haya un acceso igualitario a estos servicios. Por otro lado, se venían aumentos de tarifas ya anunciarios, como viene sucediendo años tras años, y el objetivo es que el congelamiento no sea una medida únicamente por la pandemia. Que cuidar el bolsillo de los abusos sea una política, que haya programas o préstamos para aumentar el acceso al servicio de mayor cantidad de personas, con precios especiales para sectores vulnerables.
-¿Cree que las empresas harán ese esfuerzo?
-Creo que el decreto viene a visibilizar la agenda. Es una medida acertada que puede ser el puntapié inicial y quedará en nosotros ver cómo se proponen iniciativas que vayan en ese sentido.
-¿Hay espacio para un nuevo Conectar-Igualdad?
-Estamos un poco apretados por las situaciones de agenda. Pero la idea es ir en ese sentido. Los gobiernos peronistas se caracterizan por atender las necesidades de la sociedad y de los más vulnerables, y el acceso a Internet y al mundo digital hoy es una prioridad.
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