La Secretaría de Transporte sigue tensando la cuerda con un sector que fue especialmente -tanto los empresarios como los usuarios- por el masivo ajuste que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Este viernes dijo haber detectado que se estaban entregando subsidios "innecesariamente" a 1.637 colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dispuso que desde este mes ya no recibirán asistencia estatal, lo que implica un ahorro de $6.200 millones. Al mismo tiempo, afirmó que su deuda asciende a $10.000 millones y no a $50.000 millones como consideran las cámaras.
La decisión oficial se conoció en medio de la tensión entre el propio Gobierno, la patronal transportista y la UTA por la falta de pago de los propios subsidios, que llevó a amenazas de un posible paro en los últimos días.
La discusión por la quita de subsidios a colectivos en el AMBA
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló este viernes que el Gobierno está llevando adelante un relevamiento y análisis de cada unidad de autotransporte automotor que subsidia en el AMBA, vinculando la SUBE que lleva cada colectivo con su chapa patente. De esta manera, se realiza una fiscalización más precisa con relación al recorrido que realiza cada unidad y se eficientiza el reconocimiento de costos, según la información oficial.
"La Secretaría de Transporte decidió dejar de subsidiar 1.637 colectivos en el AMBA a partir de un estudio del sistema automotor que determinó graves irregularidades. El Estado Nacional repartía subsidios para un parque automotor de 18.300 colectivos, pero nunca controló si esa cantidad era necesaria o si los colectivos recorrían la cantidad de kilómetros adecuada. Es decir, se desmanteló un grifo de derroche, ineficiencia y oscuridad que nos costaba muy caro", dijo Adorni, en conferencia de prensa.
Según el portavoz, “al dejar de pagar este subsidio a partir de marzo, los argentinos nos ahorraremos $6.200 millones por mes. Además, con la implementación de un sistema de medición, se va a determinar el trayecto real de cada unidad para hacer más eficiente la prestación de servicios".
Las cámaras transportistas, sin embargo, rechazaron la medida oficial y adujeron que el planteo "es falso" porque no considera que los colectivos estaban parados por el atraso tarifario y por los subsidios mal calculados. "Es la consecuencia y no la falta de", resumieron desde el sector ante la consulta de El Destape.
El Poder Ejecutivo señaló, en un comunicado, que el análisis del sector arrojó como resultado que muchos colectivos recorren una cantidad promedio de kilómetros menor a lo eficiente, algo que "demuestra que el sistema requiere ajustes para asignar de forma más eficaz los recursos nacionales".
"Otro factor esencial para lograr una asignación más eficiente en los gastos del Estado es la nominalización de la tarjeta SUBE por parte de los usuarios, que permitirá una mayor transparencia en el sistema. En los últimos meses se registraron cerca de dos millones de tarjetas, con un promedio de 50.000 nominalizaciones por día", añadió el comunicado oficial. Y aseguró que antes el Estado Nacional sólo podía saber el recorrido en kilómetros que realiza cada línea, pero no cada unidad en particular.
Por último, sostuvo que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó a las empresas de autotransporte de pasajeros del AMBA que hasta el 1 de abril tienen tiempo para efectivizar el recambio de las máquinas validadoras del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y, de esta manera, poder asociar el dominio de la unidad a las validadoras.
En paralelo, la Secretaría de Transporte afirmó este viernes que "la deuda que reclaman las cámaras del sector automotor de pasajeros al Estado Nacional, de alrededor de $50.000 millones de pesos, no son acertados. El monto que adeuda el Gobierno actualmente son únicamente $10.000 millones".
El posible paro de colectivos en el AMBA
La discusión por la cantidad de subsidios adeudados recalienta la tensión luego que, el jueves, el Gobierno acordara con las cámaras del transporte un esquema de pagos de los mismos, en un contexto donde los trabajadores y trabajadoras del sector seguían sin cobrar la actualización salarial cerrada en la paritaria de febrero.
La situación se había tornado doblemente extorsiva. Por un lado, la administración de Javier Milei retenía los fondos, en su cruzada fiscal, mientras que las patronales no cumplían lo pautado en febrero. Ante lo complejo del escenario, la UTA había lanzado la posibilidad de un paro de transporte el jueves por la mañana y horas más tarde el Gobierno cedió y prometió abonar los subsidios adeudados.
“El Gobierno aseguró que va a hacer todo lo posible por depositar para mañana una parte de los $50.278 millones adeudados. Pero no nos quedó claro si van a llegar a hacerlo, no quedó seguro”, sostuvo Luciano Fusaro, de AAETA, a este portal.
Cerrar sesión