La administración Milei entregará empresas públicas, hospitales, tierras fiscales y rutas nacionales, y cualquier otro activo para saldar las deudas que mantiene la Nación con las diferentes provincias del país. De esta manera, el Gobierno con su idea de provincializar algunos activos claves con la venia de los mandatarios provinciales con la excusa de reducir el déficit fiscal. De fondo, Milei busca consolidar su esquema de sujeción territorial. Este régimen será publicado el viernes en el Boletín Oficial.
El anuncio oficial fue realizado por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalan, quien no pudo brindar precisiones sobre el monto total de la deuda que mantiene la Nación con las provincias. Las mismas corresponderían, principalmente, a los recursos retenidos correspondientes a las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación durante la década de 1990 y recursos coparticipables.
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“Proponemos herramientas imaginativas”, sostuvo Catalán. La traducción para esta propuesta sería la desafectación de la administración central de activos claves ubicados en las diferentes jurisdicciones, como podría ser una empresa pública (YCRT), o las tierras que son gestionadas por la Administración de Bienes del Estado. “Todo estará abierto a una plausible negociación con las provincias”, manifestó el funcionario.
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Esto habilitará la posibilidad de que el Estado le entregue a las provincias cualquier activo bajo su jurisdicción como moneda de cambio ante la existencia de una deuda inventariada por el ministerio de Economía. De esta manera, el Gobierno pretende encontrar un atajo en su pretensión de transferirle a las provincias algunos servicios claves, como podría ser los hospitales, rutas, o empresas estatales.
Las cajas provinciales
La existencia del déficit de las cajas previsionales tiene que ver con el mismo origen de su existencia, es decir, la decisión de un conjunto de gobernadores de no transferirlas al Estado nacional durante la década de 1990 en el mismo momento en que se creaban las AFJP. Las provincias que no transfirieron sus cajas fueron Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Este año, Milei no cumplió con el giro de fondos por la prórroga del Presupuesto 2023. Es que el Gobierno resolvió en marzo a través del Decreto N° 280/2024 suspender la vigencia de los artículos 92 y 93 de la ley de leyes que estaba previsto el año pasado.
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Esto generó un fuerte reclamo de los gobernadores que ya lleva más de siete meses. Por ahora, cada provincia se está haciendo cargo del pago de estas cajas. Algunos distritos fueron a la Justicia para reclamar.
Para este año, el presupuesto estimado para las cajas provinciales se fijó en los 204.000 millones de pesos que ahora se encuentran pisados por el ministro Luis Caputo.
Algunas provincias
A modo de ejemplo, podría mencionarse la situación de la provincia de Buenos Aires. Las obligaciones financieras directas del Estado nacional hacia PBA sumarían 1,2 billones de pesos. Pero no es el único guarismo. También se encuentran los pagos atrasados por obras públicas prometidas por el Gobierno nacional que exceden los 4,4 billones de pesos, sumado a la deuda calculada por la interrupción o retrasos en programas nacionales por un total de 26.000 millones, según lo relevado desde la PBA. mil millones de pesos, según el informe presentado. Finalmente, bajo la categoría de "otros reclamos” están los fondos que corresponden a una deuda adicional de 73,5 mil millones de pesos que Milei y su equipo deben al gobierno bonaerense
En el caso de Entre Ríos, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, manifestó que desde enero Nación dejó de enviar fondos vinculados a la caja provincial, “con lo cual se generó una deuda superior a los cincuenta 50 mil millones de pesos a valores históricos, pero si se actualiza debemos estar en los cien mil millones de pesos”.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, entre enero de 2023 y el 30 de junio de 2024 se acumuló una deuda por recursos coparticipables de 796.128,6 millones de pesos, según lo estimado por Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.
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