De no actualizarse, este año las jubilaciones perderían un 70% de su poder de compra

El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” enviado por La Libertad Avanza al Congreso nacional incluye en materia previsional la eliminación de la fórmula de actualización hasta ahora vigente, que fija aumentos cada tres meses en los haberes de las y los jubilados. El objetivo del gobierno es acaparar la potestad para determinar a discreción si aumentan o no y cuánto las jubilaciones, y si bien los funcionarios de Economía aseguran que “la fórmula actual no funciona” y que lo que buscan es “evitar que caiga el poder adquisitivo” lo cierto es que ello se contradice con el recorte, también anunciado, de un 0,4% del PIB del gasto de Seguridad Social. En este marco un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) alertó que de suspenderse la fórmula vigente y no otorgarse subas a lo largo del 2024 la pérdida del poder adquisitivo de los haberes podría escalar al  70%. 

En estudio realizado a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso analizó cuatro escenarios posibles partiendo de aclarar que al desconocerse el criterio técnico que podría adoptar el gobierno respecto de un índice de referencia, porcentajes de aumentos y periodicidad, “no resulta posible estimar impacto fiscal en particular”. Para ello, calculando en base a los datos al cierre del 2023, se proyectó el impacto en el haber mínimo, el resto de jubilados y pensionados y el posible déficit o superávit de ANSES. El documento aclaró además que las jubilaciones sufrieron un “desacople con los precios que se produjo desde julio de 2022, cuando se aceleró inflación”, en tanto que destacaron el rol de los bonos compensatorios ya que “desde la aplicación de la fórmula de ajuste en 2021 hasta diciembre de 2023, los haberes mínimos que tuvieron bonos completos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 3,6% y el resto de 36,5%”.   

El equipo económico de la administración nacional busca además implementar una serie de políticas en la materia que incluyen el fin de las moratorias previsionales calificadas por el propio presidente Milei como “estafa moral”, lo que podría perjudicar a una enorme proporción de jubilados ya que más de la mitad del total (65%) se jubila a partir de esta herramienta, y sobre todo a las mujeres trabajadoras (solo el 10% cuenta con aportes suficientes para acceder a este derecho). Asimismo, el gobierno anticipó su intención de  “alentar un sistema de capitalización privado” similar al que se implementó en el menemismo y que derivó en la crisis del sistema previsional ya que si bien se presentó como incentivo para hacer que la rueda gire, los datos reflejan una caída en los contribuyentes sobre población activa: para los hombres el descenso fue de 9,8 puntos (de 46,7 a 36,9%) y para las mujeres de 11,1 puntos (de 43,5 a 32,4%) entre 1994 y 2004. Se suma a ello, la búsqueda de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado con el fin de mejorar la rentabilidad de los recursos de la Seguridad Social y para actuar de forma contracíclica y protectoria de los jubilados, antes situaciones excepcionales.

Los caminos del ajuste

La Oficina de Presupuesto del Congreso planteó cuatro caminos posibles en caso de que el gobierno logre luz verde en el Congreso para suspender la Ley de Movilidad Jubilatoria, una norma de relevancia ya que además de determinar la movilidad de los haberes, fija que "en ningún caso la aplicación del índice podrá producir la disminución del haber que perciben los beneficiarios” y que la ANSES debe elaborar, aprobar y publicar cada índice trimestral. Otro punto para considerar, aclararan desde la OPC, es que “la Ley 27.160, que establece la movilidad de las asignaciones familiares, estipula que ésta se realiza conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 de movilidad, por lo que la suspensión prevista resulta extensiva a estas asignaciones”. Actualmente la ley vigente establece que la actualización de las jubilaciones se realiza de forma trimestral considerando la recursos tributarios de Anses (50%) y la evolución de los salarios (50%) según el índice que publica el INDEC o de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el que sea mayor.

Al respecto, el primer escenario y el más alarmante al que refiere el informe al que accedió este portal, asegura que de no implementarse ningún aumento (por índice y/o bono) a lo largo de este año, las jubilaciones tendrán una pérdida del 69,9% en su poder adquisitivo al tiempo que la mitad de las y los beneficiarios caerían bajo la línea de indigentes y un 33% bajo la línea de pobreza. En este esquema, las prestaciones previsionales caerían del 6% al 4,5% del PBI. 

Como un segundo camino, aparece un aumento otorgado solo a quienes perciben el haber mínimo, en tal situación “la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9%”, y las jubilaciones se reducirían al 5% del PBI. En este cálculo, se incluye también un reajuste de todas las asignaciones familiares en línea con el aumento de precios mensual y no prevé el otorgamiento de bonos.

En tercer lugar se planteó una actualización salarial según los recursos de Anses. “Si se incrementaran en la misma proporción todos los haberes según la evolución de los fondos de Anses, la pérdida común sería de 19%”, señaló la Oficina de Presupuesto y agregó que “si esa estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos la pérdida del resto subiría al 40%”. Para este último caso, el porcentaje de beneficiarios que estaría recibiendo el haber mínimo aumentaría hasta alcanzar al 57,2% de jubilados y pensionados en el último mes del año.

La cuarta alternativa estipula la posibilidad de que el gobierno realice aumentos según la inflación de este año. “Si todos los haberes (totalidad de jubilaciones y asignaciones familiares) se incrementaran según la inflación, no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de Anses subiría a 0,8% del PBI”. Si embargo esta opción es poco probable si se considera que desde Economía confirmaron el objetivo de aplicar un ajuste del 0,4% del PIB en el gasto previsional lo que, estimó la consultora PXQ representa de entrada una caída real del 12% en las jubilaciones. 

Cómo es la situación actual

El documento sobre la evolución de la movilidad previsional destacó que “hasta julio de 2022, la evolución de los haberes jubilatorios y de los precios se movieron relativamente similares, comenzando a identificarse un desacople entre ambos a partir de dicha fecha, la que se asocia a la aceleración del aumento de precio”. 

En relación se explicó que “la pérdida en el valor de compra de los haberes previsionales es consecuencia de la propia dinámica inflacionaria” por lo que “una aceleración deteriora el valor real y una desaceleración, las recompone”. A su vez, se señaló que si se consideran también los bonos otorgados por la gestión anterior se detecta que en el caso de quienes recibieron bonos completos, “la evolución de sus ingresos previsionales resultó ser relativamente coincidente con el aumento de precios”, aunque según las estadísticas del organismo de Seguridad Social sólo el 48,6% de los jubilados y pensionados del régimen general que perciben el haber mínimo jubilatorio o montos cercanos recibieron algún tipo de bono por lo que, “más de la mitad de los beneficiarios han visto reducidos sus haberes mensuales al compararlos con la variación de precios”. 

En concreto, desde la aplicación del índice automático y hasta diciembre de 2023, los haberes jubilatorios presentaron una pérdida de poder adquisitivo del orden del 36,5% para quienes no recibieron bonos y del 3,6% para quienes tuvieron bonos completos, con pérdidas que varían entre ambos porcentajes para quienes recibieron bonos parciales, situación que ahora podría agravarse si el gobierno libertario decide no incrementar los montos a lo largo del año o hacerlo por debajo de una inflación al alza (el bono de $55.000 de diciembre no logró compensar la devaluación del 118% en ese mes), cumpliendo con el recorte anunciado hace poco más de un mes atrás en los ingresos de las y los jubilados.