Desde cloacas hasta centros comunitarios: cuál es el impacto real del Fondo de Integración Socio Urbana

El gobierno nacional confirmó que avanza en la eliminación de varios fondos fiduciarios que actualmente destinan recursos para la puesta en marcha de políticas en infraestructura, vivienda, transporte, financiamiento pyme, becas educativas, entre otros. En ese marco, mientras el oficialismo los calificaba como "cajas negras" de la política, la atención mediática se focalizó esta semana en el llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) por presuntas irregularidades en su implementación entre 2021 y 2023 lo que, por otra parte, fue desestimado luego por un funcionario de la gestión actual. En tal panorama, los datos de su ejecución, dan cuenta del impacto real de este programa en las familias de barrios populares: a la fecha se registran 1.276 obras de integración, 5.060 barrios populares tienen trabajos de viviendas y 117 obras de acceso al suelo, a su vez se realizaron 58.127 conexiones eléctricas, 75.725 de agua, 37.787 conexiones de cloaca y 8.575 de gas, con más del 80% del presupuesto asignado ejecutado. 

Asimismo, según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, se realizaron 193 centros comunitarios, 26 espacios educativos y 168 centros de recreación y deporte, entre los principales, sumado a las 250.000 mujeres beneficiadas con el plan Mi Pieza. La ejecución de estas obras estuvo a cargo, en igual medida, de organizaciones de la sociedad civil -sociales, iglesias, ONG, sindicatos- (34,4%) como de municipios (34,1%), entre otros organismos.

Las obras realizadas en estos últimos años tuvieron un impacto favorable ante la creciente exclusión urbana. Al menos 1,17 millones de familias viven en 6.467 barrios populares en todo el país. Más de la mitad no accede, regularmente, a más de dos servicios básicos ni cuenta con títulos de propiedad del suelo, según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). “Es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas, de lo contrario sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad”, plantearon este viernes en un comunicado organizaciones como el CELS y  Techo.

Qué es y cómo funciona el FISU

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue creado por el Decreto N°819 de 2019 para asegurar el financiamiento de las actividades comprendidas en la Ley 27.453 de “Régimen de regularización dominial para la Integración Socio-urbana” aprobada a fines de 2018 y mediante la que se fomentan proyectos de integración socio urbana en los barrios inscriptos en el ReNaBaP. La integración socio urbana abarca “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”, según detalla el texto de la ley. Además define que al menos el 25% de las obras de integración sean realizadas por cooperativas de trabajo; y prohíbe desalojos por un período de cuatro años desde su entrada en vigencia en 2018 (fue prorrogado en 2022 por otros diez años).

En ese sentido, como toda política pública, para llevar a cabo las obras de integración urbana en los barrios populares de todo el país es clave contar con financiamiento. Sobre esto, el programa fuer desarrollado por la Secretaría de Integración Socio Urbana, creada en la misma ley, y se financió a través de tres fuentes, la principal es el FISU (puesto en marcha en 2021) como un fideicomiso conformado por impuestos con afectación específica, el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de la Grandes Fortunas (que gravó por única vez la riqueza de 10.000 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos) y el 9% del Impuesto PAIS. Con datos actualizados a diciembre de 2023, el monto de ejecución superó los $212 mil millones, de los cuales unos $179 mil millones provienen del Fideicomiso. Se agregan fondos del Banco Interamericano de Desarrollo ($3.605 millones) y fondos nacionales ($29.505 millones). En los tres años (2021-2023) la ejecución total supera los $318 mil millones. 

A su vez, su puesta en marcha implicó la creación de más de 300.000 puestos de trabajo, organizado sobre todo en cooperativas de trabajo, que demandan mano de obra de los propios barrios donde se realizan las obras, con un alcance estimado en más de 500.000 familias.

Las obras en números

Actualmente más de 5 millones de personas viven en los 6.467 barrios populares que fueron registrados en todo el país a partir de los relevamientos realizados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que relevó además la existencia de 1.124.797 viviendas en las que viven más de 1.237.795 familias. Sobre las condiciones diarias, en el 66% de estos barrios, la mayoría de sus habitantes no tiene acceso formal a energía eléctrica, en el 90% a la red de agua, en el 97%, a la red cloacal y en el 99%, a la red de gas, de acuerdo con datos del primer Observatorio oficial de Barrios Populares, lanzando en abril de 2023. Sobre las características de cada barrio, según la misma fuente, en el 81,2% de los casos se trata de asentamientos y en el 17,4% de villas, en tanto que prácticamente la totalidad (99,9%) no cuenta con título de propiedad. A nivel federal, la distribución por cantidad de barrios por provincias es la siguiente: Jujuy (159), Salta (354), Santiago del Estero (128), Formosa (126), Chaco (442), Misiones (413), Corrientes (257), Santa Fe (469), Entre Ríos (231), CABA (49), Buenos Aires (2065), Córdoba (318), La Pampa (9), Chubut (83), Santa Cruz (21), Tierra del Fuego (49), Río Negro (240), Neuquén (116), Mendoza (360), San Luis (32), San Juan (81), La Rioja (34), Catamarca (61) y Tucumán (370).

Considerando las realidades mencionadas la política de integración socio urbana se enfocó en garantizar el acceso a servicios básicos como el acceso a redes de agua, cloacas, luz y gas, mejora de espacios públicos y comunitarios. De acuerdo con la información detallada en el Monitor de obras de Integración Socio Urbana de acceso público, se registran a la fecha 1.276 obras de integración (alcanzando a 338.152 familias), 5.060 barrios populares con obras de vivienda (255.270 familias alcanzadas) y 117 obras de acceso al suelo (23.565 familias alcanzadas). Por tipo de inversión se desarrollaron 58.127 conexiones eléctricas, 75.725 conexiones de agua, 37.787 conexiones de cloaca y 8.575 de gas, además de 251.567 mejoramientos de viviendas, 1.532 viviendas, 23.565 lotes residenciales, 2.5839.36 metros cuadrados de vereda, 824.256 metros lineales de alumbrado público, 193 centros comunitarios, 26 espacios educativos y 168 centros de recreación y deporte, entre los principales. La ejecución de estas obras estuvo a cargo tanto de organizaciones como de diferentes niveles del Estado: 34,4% correspondió a organizaciones de la sociedad civil (sociales, iglesias, ONG, sindicatos), 34,1% a municipios, 14,4% a Nación, 12,5% a provincias, y lo restante a cooperativas de servicios. 

En el mismo sentido, un programa que se implementó desde la Secretaría de Integración Socio Urbana es el denominado "Mi Pieza", para asistir a mujeres en situaciones vulnerables: más de 250.000 mujeres fueron beneficiadas para la mejora, ampliación y refacción de sus hogares. “Muchas veces la familia encabezada por la mujer es la que tiene menos recursos, no puede acceder a créditos, y la casa queda en un segundo lugar, es decir, sumado a que no llega a comprar los alimentos si además le llueve en la casa, tiene humedad, tiene un piso de tierra, no puede comprar ni una ventana, por eso decidimos encarar una política que llega al corazón de la necesidad”, señaló en esta nota con El Destape, Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana. “La falta de acceso a los servicios básicos en barrios populares supone una mayor exigencia y dificultades para garantizar las tareas cotidianas vinculadas con los cuidados propios y del conjunto del hogar”, señaló el Relevamiento sobre condiciones socioeconómicas y uso del tiempo de las mujeres y personas travestis-trans en barrios populares, realizado por el del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) en 2023. Según se relevó, el 87% de las mujeres que viven en barrios populares del país son responsables del hogar, cerca del 23% de las encuestadas participa de espacios socio-comunitarios sosteniendo las tareas de cuidado, el 53% de las mujeres declaró que realiza trabajo remunerado en el marco de la economía popular y solo el 6,7% trabaja en el sector asalariado registrado.

En el marco de los actuales señalamientos mediáticos, Miño, militante social y vecina del barrio La Cava explicó que “esta política fue auditada por el Estado y también por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Católica Argentina, que resaltaron la transparencia, agilidad y efectividad, y nos valió el reconocimiento de premios internacionales en Colombia y México. Impulsamos más de 1.200 obras de agua, cloaca, electricidad, calles, veredas y lotes con servicios, cientos de esas obras se terminaron y otros cientos están en peligro de no terminarse porque el gobierno no se decide aún a continuarlas. En estos años, ni yo ni nadie de mi equipo se enriqueció. Pueden venir a ver como vivimos. Sigo viviendo en el mismo lugar que antes de entrar en política, no me fui a vivir a ningún barrio cerrado ni edificio de lujo”. Asimismo, agregó que “todas las obras de la SISU cuentan con auditoría técnica y administrativa de 29 universidades y colegios profesionales distribuidos por zona geográfica, se realizaron tres auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evaluar aspectos presupuestarios y operativos del FISU y la secretaría fue auditada en 2023 por la Auditoría General de la Nación (AGN) con aprobación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,  y se brindaron capacitaciones a más de 170 cooperativas y asociaciones civiles para prevenir situaciones de corrupción”.

Por su parte, el actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, aseguró en declaraciones radiales: "si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Al momento de hoy, hay 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80% ejecutado" al tiempo que aclaró que desde el Banco Interamericano de Desarrollo "se presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho". Tanto el BID como el CIPPEC realizaron auditorías externas a este programa. "No tengo ningún resultado a la vista que me permita llevar adelante una denuncia penal", subrayó el actual funcionario del área. 

Deudas pendientes 

Un diagnóstico reciente, que analiza lo sucedido en las últimas cuatro décadas, le puso números a la crisis habitacional en Argentina: 1 de cada 3 hogares no cuenta con condiciones adecuadas por falta de servicios básicos y hacinamiento, 2,6 millones de viviendas demandan ampliación y mejoras, las grandes urbes se expandieron 1,5 veces más que el crecimiento real de la población, en diez años bajó ocho puntos el porcentaje de quienes tienen un techo propio y, como contracara, aumentó la cantidad de población inquilina que llega al 20,7% en el país. Estos datos se desprenden del informe Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda, de las organizaciones CIPPEC, TECHO y ACIJ en el que se indagó sobre la planificación del territorio, el ordenamiento urbano, el acceso al suelo, y el derecho a una vivienda a 40 años de democracia ininterrumpida. 

En ese sentido, la investigación analizó el rol clave que viene cumpliendo el régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana (Ley 27.453) “impulsada por organizaciones sociales y habitantes de villas y asentamientos que estableció una política para la integración de los barrios con distintos avances como la realización de obras, mejoramientos de viviendas, acceso a lotes y entrega de Certificados de Vivienda Familiar”.  En relación, un dato no menor que se desprende de las estadísticas del Observatorio de Barrios Populares es que la década de mayor crecimiento de los barrios informales fue la del 2000 (27%), en el marco de la crisis social, política y económica tras las políticas neoliberales de los ‘90 que llevaron a la destrucción de fuentes de trabajo, a una mayor fragmentación social, crecimiento del desempleo (escaló al 20%) y de la informalidad (43%), afectando el acceso a un conjunto de derechos básicos para la mayoría de la población. 

“Desde hace siete años existe una política de Estado dirigida a mejorar las condiciones de vida de las millones de personas que viven en los barrios populares, impulsada por organizaciones sociales, adoptada por las gestiones del presidente Macri y del presidente Fernández y tuvo siempre un amplio consenso de gran parte del arco de partidos políticos”, destacaron en un comunicado publicado este viernes organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ACIJ, TECHO y Hábitat para la Humanidad Argentina y agregaron “es fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas, de lo contrario sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que empezaban a darse algunas respuestas, largamente postergadas”.