El freno de toda la obra pública fue uno de los arietes utilizados por la administración de Javier Milei para romper las cuentas públicas de cada una de las provincias con el objetivo explícito de disciplinar a los mandatarios provinciales. En los primeros cinco meses del año, las transferencias a provincias y municipios registró una caída del 98%, de acuerdo al último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Desfinanciamiento total.
En las horas previas al debate de la Ley de Bases en el Senado (cuyo trámite parlamentario se ejecutó bajo una feroz represión de fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo una serie de reuniones con mandatarios y funcionarios de las provincias de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Chaco, Chubut y Neuquén para traspasarles la realización y finalización de un conjunto de obras públicas que antes dependían de Nación. El traspaso será sin recursos, aunque las jurisdicciones esperan “beneficiarse” con el derramen de ingresos prometido en el régimen de inversiones de la Ley de Bases.
Paga de favores para la sanción de la norma que pretende modificar toda la estructura jurídica del Estado para transferir recursos a una serie de sectores concentrados; a esto se le sumaría la promesa de un mayor derrame coparticipable a partir del paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias.
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Cambio de figuritas
Francos recibió en las últimas semanas a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro, entre otros. Tendió puentes con los mandatarios del PRO. La mirada estaba puesta en los votos necesarios para Ley de Bases. Como prólogo de esos encuentros, el funcionario les canturreó – o les recordó - una pequeña frase del tango Naranjo en Flor: primero hay que saber sufrir. Algo similar había mencionado el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando afirmó que las decisiones oficiales generarían “dolor” en la población.
Con ese sufrimiento sobre la mesa, Francos firmó con los mandatarios el traspaso para que las jurisdicciones puedan continuar una serie de obras públicas que habían sido frenadas por el propio Poder Ejecutivo como mecanismo de presión hacia los gobernadores y gobernadoras.
La decisión política de aplicar la motosierra tuvo una repercusión directa en la vida de cientos de miles de personas en cada uno de los municipios del país.
Sufrir…paredón y después
Durante los primeros cinco meses del año, la transferencia a las provincias acumuló una caída del 84%. En el desagregado, los gastos de capital tuvieron una retracción del 82,3% interanual (en términos reales, es decir, descontada la inflación). Las partidas que se encuentran bajo el casillero de “transferencias destinadas a provincias y municipios” prácticamente desaparecieron: sufrieron una caída del 98,4% interanual.
La decisión política del tándem Milei – Caputo generó miles de desempleados del rubro de la construcción. De acuerdo al Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (Ieric), la caída de los puestos de trabajo registrados de la construcción, acumuladas entre octubre del año pasado y marzo de este año, fue del 16,5%. En todo el país, serían casi 80.000 puestos registrados.
En el caso de Córdoba, la última provincia que firmó el traspaso de la obra pública hacia la jurisdicción provincial, se registró una caída del empleo registrado vinculado a la construcción del orden del 13% entre octubre y marzo de este año, según Ieric; en el caso de Catamarca, la merma fue del 14,5%. Pero en Chaco, por ejemplo, el efecto de la política oficial de motosierra fue más drástica, ya que la baja del empleo registrado fue del 58%; mientras que en Entre Ríos, del 39,4%.
Los porcentajes mencionados tienen nombres y apellidos; son los desplazados por la recesión planificada de La Libertad Avanza.
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El traspaso
Luego del golpe hacia las provincias y su población, el Gobierno les transferirá a las jurisdicciones mencionadas diferentes proyectos de infraestructura. En el caso de Salta, el traspaso incluirá “la construcción, refacción y ampliación de edificios escolares de nivel inicial, primario y secundario”.
En el caso de Mendoza, se traspasarán obras viales, de saneamiento y de expansión de la red de agua potable y de vivienda.
En el caso de Córdoba, la última jurisdicción que se sumó al acuerdo sellado con Francos, se les pasará un conjunto de obras hídricas, de saneamiento, viales y de infraestructura social.
A cambio, el funcionario nacional negoció el acompañamiento a la llamada Ley de Bases, con la promesa de que las provincias recibirán más recursos a partir del régimen de inversiones llamado RIGI, y el capítulo fiscal con los cambios en Ganancias.
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