Durante la reunión que mantuvieron funcionarios del gobierno nacional con gobernadores, se acordó una suerte de mesa política y económica vinculada a la posible aprobación de los capítulos en los que hay acuerdo de la llamada Ley de Bases. Tal como había anunciado Javier Milei durante el inicio de las sesiones ordinarias, se les propuso a los mandatarios un paquete de medidas fiscales para mejorarles sus cuentas, a cambio del acompañamiento legislativo. Una suerte de extorsión encubierta.
Según se difundió desde la Oficina de Prensa del Gobierno, las medidas económicas que les fueron presentadas a todos los mandatarios incluyen una moratoria impositiva, la modificación de los impuestos internos al tabaco, y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. “La aprobación de la ley de bases, el paquete de alivio fiscal, y la firma del pacto de mayo permitirán que el país retome la senda de la prosperidad y el desarrollo económico”, sostuvo el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. De la reunión participó también el ministro del Interior, Guillermo Francos.
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Otros beneficios
Durante la reunión con los gobernadores, también se habló de la posibilidad de realizar cambios en la Ley de Bienes Personales y la eliminación de algunas excepciones que aplican sobre dicho tributo; también se abordaron posibles cambios en el monotributo, sus escalas y niveles de facturación. Según el comunicado oficial, se habría propuesto el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
Ley de Bases
Durante la reunión, se habló de algunos de los temas claves vinculados a la Ley Omnibus que podrían ser de interés de los gobernadores. Puntualmente, se les informó que se avanzaría con un "blanqueo laboral", como mecanismo de promoción del empleo registrado.
A su vez, se plantearía una nueva ley de hidrocarburos, tanto para la producción y exportación de crudo como de gas. Este cambio estaría incluido en el Título VIII de la ley de Bases.
Como último punto, el Gobierno les informó que se avanzaría con el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones.
Todos estos temas revisten de importancia para los gobernadores, ya que cada uno de estos títulos poseen un efecto directo sobre la actividad privada de cada jurisdicción.
El ajuste
La presión del oficialismo hacia las provincias es total. Cuando los recursos escasean, en medio de un ajuste que también licúa el poder adquisitivo del conjunto de la población, lo que se “vende” como negociación, es más bien todo lo contrario.
Algunos ajustes ya registrados de manera oficial por la Oficina de Presupuesto del Congreso incluyen las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, así como la ausencia de inversión de los programas de Infraestructura y Equipamiento y Conectar Igualdad, ambos de la cartera de Educación (Capital Humano). “Hubo un desplome de la inversión real directa del orden del 80,5% en términos reales”, puede leerse en el último informe de la OPC.
Estos programas y recursos tienen un impacto directo en las provincias. En total, los recortes en las transferencias corrientes hacia las provincias fueron del 73% en términos reales durante los primeros dos meses de este año.
Las empresas públicas, en el centro de la escena para su posible privatización, también sufrieron recortes. “La menor ejecución en la asistencia financiera, en concepto de gasto de capital hacia las empresas públicas, fue del 96,7%”, sostuvo el informe oficial del Congreso. Es decir, casi cero pesos de inversión. Para liquidar el patrimonio público como pretenden desde de La Libertad Avanza, primero desfinancian los activos claves. Y en cuanto a las transferencias de capital, los recortes hacia provincias y municipios cayeron un 92,5% en términos reales.
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