El programa de ahogo financiero a la economía que lleva implementado desde su asunción el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de forzar una recesión que le permita bajar artificialmente la inflación, no se basa exclusivamente en un recorte de partidas presupuestarias en términos reales para mostrar una ficticio superávit sino en la sub-ejecución del crédito vigente. A esta altura del año, el promedio de ejecución (es decir, lo gastado en porcentaje de cada una de las partidas determinadas por la ley de leyes) de, al menos la última década, se ubicó en el 58 por ciento a esta altura del año. Sin embargo, lo ejecutado por La Libertad Avanza sobre el crédito vigente del Presupuesto hasta julio alcanza al 47,2 por ciento, 10,8 puntos porcentuales menos que el promedio y el nivel más bajo desde 2015, según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En los primeros siete meses del año se registra una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del 2023, del orden del 30 por ciento, que se focaliza en un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración. “Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-45 por ciento), ANMAT (-17 por ciento), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-8 por ciento) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-13 por ciento)”, de acuerdo con otro informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “Paralelamente, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 11 por ciento del total de gastos”, agrega.
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“En el acumulado enero-julio la Administración Nacional devengó el 47,2 por ciento del presupuesto vigente, que incluye la ampliación de autorizaciones de gasto aprobada mediante los decretos de marzo y julio”, señala el informe de ASAP, que advierte que “el porcentaje de ejecución del Presupuesto a julio de 2024 representa el nivel más bajo del periodo 2015-2023, diez puntos porcentuales por debajo de la ejecución promedio para el mismo periodo”. “A su vez, desde el último mes de 2023 se observa que en todos los meses los gastos experimentaron variaciones interanuales negativas (o sea, por debajo de la inflación), a diferencia de los ingresos, que oscilaron entre caídas y crecimientos”, analiza el documento sobre la base de los datos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIDIF).
Los sectores más desfinanciados
En cuanto a los recortes presupuestarios, en materia científica la situación no es mejor ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU. Los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al 20 por ciento interanual. También se detectaron recortes del 70 por ciento en el INAES; y del 40 por ciento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir, por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social. Entre ellos, se ajusta fuertemente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con un ajuste del 47 por ciento; las pensiones no contributivas, con una caída del 31 por ciento, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, con un recorte del 48 por ciento.
En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de Desarrollo Social no tienen el financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 75 por ciento de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 77 por ciento. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real superior al 81 por ciento. En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 94 por ciento, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae un 89 por ciento. Otros organismos como el INTA e INTI también tienen caídas en su ejecución presupuestaria.
En materia educativa se observan fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-97 por ciento en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-86 por ciento) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98 por ciento). En materia de salud se están dando recortes sensibles en los programas “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-44 por ciento), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-76 por ciento), Atención Sanitaria en el Territorio (-96 por ciento) y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-82 por ciento). “Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 64 y el 76 por ciento”, advierte el informe del CEPA.
La caracterización más clara de la sub-ejecución de partidas se enfoca en la obra pública. En el escenario de la obra pública se evidencia una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100 por ciento en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. El otro eje del recorte ‘mileista’ fue en transferencias a las provincias y municipios. “Los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100 por ciento), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99 por ciento) y la Asistencia Técnica a Municipios (-93 por ciento)”, describe el documento.
Los datos ejemplifican una situación general de la Administración Pública Nacional de fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. La reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social y de estímulo al desarrollo productivo.
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