En mayo, el ajuste que impone el gobierno de Javier Milei recayó con mayor fuerza en las personas que peor la pasan en la sociedad: los enfermos de cáncer y las personas que presentan alguna discapacidad. Pero el desplome de asignación de recursos no se quedó allí: también se registraron caídas en las partidas dirigidas a hospitales y en las tareas de control de alimentos.
De acuerdo al Centro de Economía Política (CEPA), la ejecución presupuestaria real de mayo respecto al mismo período del año 2023 arrojó una reducción del 28%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles. Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-55%), ANMAT (-15%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-19%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-26%).
Sobre este último punto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, encabezó una reunión esta semana con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad ante la posible eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones básicas por parte del Gobierno.
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Los representantes expresaron su preocupación por la medida que permitiría que cada financiador establezca sus propios aranceles, en lugar de acordarlos en el Directorio de Prestaciones Básicas para todos los financiadores del Sistema. Esta situación, señalaron, conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad y sería contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-52%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-97%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-72%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 58% y el 72%.
Cómo se distribuyó el resto del ajuste del Gobierno
En materia científica la situación no es mejor a la reflejada en Salud, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.
A su vez, los organismos de la Seguridad Social también sufren fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al 24% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 70% en el INAES; y del 40% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observaron caídas en los principales programas de la Seguridad Social, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días) con una baja del 47%. También se ajustan fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 50%.
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En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo un recorte del 91%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cayó más del 90%. Otros programas como SENASA, INTA e INTI también tuvieron caídas en su ejecución presupuestaria.
Los casos de los organismos de seguridad también obtuvieron marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-26%), Gendarmería Nacional (-25%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-17%) y Prefectura Naval (-24%). La misma realidad se presentó para las Fuerzas Armadas, con reducciones de las partidas del Ejército (-11%), la Armada (-18%), y la Fuerza Aérea (-10%).
En materia educativa se registró un desplome en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-81%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%).
"En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica", señaló el informe.
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Finalmente, en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-96%).
Paralelamente, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que representó nada menos que el 15% del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que se mantiene estable en términos reales respecto al mismo período de 2023, con una leve caída del 3,1%.
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