Los principales afectados por la mega-devaluación del peso y la suba del precio del dólar en un 108 por ciento son los trabajadores y jubilados que reciben sus ingresos en pesos, una moneda ahora aún más devaluada. A la reducción de más de 20 puntos de poder adquisitivo que acumulan estos sectores, y mucho más en el caso de los informales, se suma el efecto vía precios que tendrán los ingresos de los hogares. Ningún anuncio abordó una política de recomposición salarial al sector privado. El ajustazo conocido hasta ahora, con quita de subsidios al transporte –salario indirecto para los sectores más postergados—a la energía y el alza de los precios será el golpe de gracia para los trabajadores, formales e informales, y los jubilados.
En una reunión que tuvo lugar el miércoles pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y ATE analizaron las medidas y propusieron la reapertura de paritarias. Hasta el momento, la Asociación Bancaria, que encabeza Sergio Palazzo, se convirtió en el primer sindicato que renegoció su paritaria luego de las medidas económicas que anunció el Gobierno. Cerraron un acuerdo con las cámaras del sector que le permitirá sumar un aumento del 6,2 por ciento retroactivo a noviembre, base diciembre 2022, por la aplicación de la cláusula gatillo, más un adelanto del 40 por ciento para diciembre con la misma base 2022.
Los anuncios de ajuste y devaluación que realizó el martes el flamante ministro de Economía impactarán en los sueldos. La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores del INTI con un incremento de 172.000 pesos anticipándose a las medidas de Javier Milei. Para los jubilados, sin margen de negociación, habrá congelamiento y ajustes discrecionales mientras se trata la derogación de la ley de movilidad. Dado que se ha anunciado que los planes Potenciar tendrán el presupuesto 2023 y que los montos del mismo están asociados al salario mínimo, vital y móvil, se presume que se congelaría el mismo.
A esto se suman que se atrasaría el 82 por ciento móvil del haber mínimo jubilatorio respecto al salario mínimo, vital y móvil (lo percibe alrededor de 1 millón de jubilados), se incrementaría la cantidad de trabajadores que pagarán Ganancias con el actual esquema, ya que con la normativa actual el mínimo no imponible es de 15 salarios mínimos.
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Del otro lado, los empresarios más beneficiados con las medidas fueron de ciertos sectores exportadores, mientras que a la luz del nuevo dólar oficial y alícuotas, los que necesitan ingresar insumos están en etapa de "wait and see" sobre los mecanismos que reemplazarán a las tristemente célebres declaraciones anticipadas de importación. En ese marco, de cara a las paritarias 2024 habrá algunos sectores en mejores condiciones para negociar recomposiciones de salarios y beneficios que otros.
Sin dudas, la expectativa empresaria para este gobierno pasa en gran parte por una reforma laboral que reduzca el costo de contratar, apoyándose en el ya conocido argumento contra la "industria del juicio". Esto provocaría un piso menor en el valor de los salarios, que impactará directamente en los ya castigados salarios informales.
Impacto por tipo de trabajador
En el caso de los trabajadores activos, se espera un recorte de 2,35 puntos del PIB, que equivaldrá a un recorte real del 43,5 por ciento. Esta baja es consecuencia, además de la devaluación, la reversión impuesto a las Ganancias, las transferencias a provincias, la suba de tarifas y transporte, destrucción empleo en obra pública, el congelamiento del Potenciar Trabajo y la afectación trabajadores estatales.
Sobre los trabajadores pasivos, se adelantó un recorte de 0,5 por ciento, equivalente a 9,3 por ciento real, producto de la reforma previsional.
Para las pymes se aguarda un recorte de 0,8 por ciento, que se traduce en una baja de 14,8 por ciento, derivado de la suba del impuesto PAIS. En las economías regionales y la exportación industrial, el ajuste anunciado es de 0,5 por ciento, pero se extiende al 9,3 por ciento en términos reales, producto de la suba de retenciones confirmada del 15 por ciento.
“Esta mega devaluación determina ganadores y perdedores. Ganadores: aquellos que perciben ingresos en dólares son, en toda suba del tipo de cambio, los principales beneficiarios. El ejemplo más claro refiere a los exportadores de soja, que mejoran 30 por ciento su rentabilidad, dado que las retenciones no han subido para este sector. También, aquellas firmas con stockeo de insumos en dólares”, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Del otro lado, los que pierden: las economías regionales mejoran su valor exportador, pero al mismo tiempo se le aplican retenciones del 15 por ciento, cuando habían logrado llevar la alícuota a 0 luego de las decisiones del equipo económico de Sergio Massa. “Es probable que, en un escenario de profunda desregulación, se profundicen las desigualdades al interior de las cadenas (los eslabones más grandes logran beneficiarse con los márgenes adicionales transfiriendo los costos a los más pequeños)”, agrega el CEPA. Por otro lado, la industria exportadora si bien mejora el valor de exportación de 650 a 860 pero se incrementan los DEX a 15 por ciento.
Más ajuste para no quedarse cortos
Mientras tanto, el Gobierno prepara para la próxima semana el lanzamiento de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y que mandará al Congreso un paquete de medidas económicas la próxima semana. Entre los principales lineamientos económicos, los ministros mencionaron una “reforma del Estado”, desregulaciones, baja de impuestos y modificaciones en todos los aspectos que “traban la actividad”. Básicamente, la letra chica de las más de 300 páginas del proyecto de ley hará hincapié en una fuerte desregulación del Estado, con el pedido de delegaciones legislativas, y una serie de flexibilizaciones laborales y jubilatorias, apertura comercial y la privatización de los principales activos estatales.
Fuentes judiciales consideran que este “paquetazo”, ya sea por ley como por DNU no pasaría por el Congreso, quien tiene la última palabra; de ahí el primer pedido de delegación de facultades. Sin embargo, el objetivo es tanto político como económico. Desde lo político se busca alcanzar cierta gobernabilidad, trazando una línea en el agua entre “la gente de bien”, a los que viene beneficiando con ciertas medidas, y el resto demonizado, como piqueteros, gremios e informales.
En lo económico, las reformas estructurales ya están en marcha, con un recorte del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, mientras incrementó las ganancias de los sectores de mayores ingresos. El costo de vida se proyecta a un 3.700 por ciento anual si no se toman medidas drásticas, porque ya corre a un ritmo del 1 por ciento diario, lo que claramente es una "catástrofe", aseguró esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sorprendió al asegurar que la idea de dolarizar sigue en pie, aunque no en lo inmediato.
Aspectos legales
El artículos 76 de la Constitución Nacional “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. “Es por eso que no puede solicitarse por DNU”, explicó a El Destape un abogado de larga trayectoria. “Sí o sí, tiene que pasar por el Congreso y los gobiernos suelen utilizarlo para realizar retoques de partidas presupuestarias”, agregó
Por su parte, los DNU como medida de política están prohibidos por artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional reformada en 1994 por el menemismo: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Son pocos los casos en que se permite este tipo de dictados, como cuando exista algún terremoto, el Congreso esté clausurado o no se logre la mayoría necesaria.
De todos modos, el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviar al Congreso el DNU para su ratificación. Allí lo toma la Comisión Permanente, compuesta por, miembros de todas las fuerzas políticas para su elevación a ambas cámaras, las cuales pueden rechazar la medida. Con que una sola lo valide, la ley queda blindada. Si queda efectiva se puede ir a la Justicia. “Para eso pusieron a Cuneo Libarona”, que va a blindar todo lo salga”, explicó al letrado e este medio.
La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que la semana próxima ingresará la denominada "ley ómnibus" aunque no precisó si entrará por la cámara de Diputados o Senadores. "Dependerá de la temática", argumentó. Respecto a los votos que se necesitan para aprobar ese paquete de medidas, desde el gobierno de Milei remarcan que "hay buena predisposición de muchos sectores y de gobernadores, incluido el peronismo".
El actual ministro del Interior, Guillermo Francos, y la canciller, Diana Mondino, también habían adelantado parte de las medidas el pasado 30 de noviembre cuando brindaron una exposición ante empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA). De acuerdo con los trascendidos, el DNU, establecería la “reducción o supresión” de reglamentos específicos gubernamentales que pesan sobre los agentes económicos. De esta manera, se atendería uno de los mayores reclamos del sector privado.
El análisis y la discusión de los alcances que tendrá ese DNU se extendió por casi dos horas en el salón Eva Perón en el primer piso de la Casa Rosada. También temas referidos a las áreas de seguridad y salud y un repaso a la visita que el miércoles hicieron funcionarios de Estados Unidos a Balcarce 50, donde tuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
El decreto se complementa con el paquete de medidas económicas que enviará la próxima semana al Congreso y las medidas anunciadas por el ministro de Economía el pasado martes. Para ello, consideran que es necesario que "el Congreso ceda sus facultades” para poder, entre otras cosas, derogar la fórmula de movilidad jubilatoria, para reemplazarla con una nueva, y volver a imponer el pago de Ganancias de la cuarta categoría.
El proyecto se tratará, en este contexto, de un mecanismo de reformas estatales utilizado durante el menemismo y retomado recientemente por Milei con tres ejes claros: desregulación de la economía, flexibilización en las leyes laborales y privatización de las empresas estatales.
En ese sentido, la Vicepresidenta hizo referencia a la CGT, que aún no tomó una postura frente al nuevo Gobierno, y que a través de varios interlocutores deslizó la posibilidad de conflictividad ante la tentativa de avance sobre leyes laborales. La denominada "ley ómnibus" consiste en un paquete de iniciativas centradas en cambios estructurales votadas en conjunto y presentadas, usualmente, en un nuevo mandato.
Entre las diferentes medidas que podrían ser tratadas dentro del recinto, se especula que se promuevan cambios en el régimen legal económico, con eje en la apertura comercial, la desregulación de la economía, flexibilización en las leyes laborales y privatización de las empresas estatales.
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El análisis y la discusión de los alcances que tendrá ese DNU se extendió por casi dos horas en el salón Eva Perón en el primer piso de la Casa Rosada. También temas referidos a las áreas de seguridad y salud y un repaso a la visita que el miércoles hicieron funcionarios de Estados Unidos a Balcarce 50, donde tuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Otro de los objetivos, tal como anunció Caputo, es eliminar la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pasar a un esquema de aumentos por decreto. "Lo que estamos haciendo, es en realidad proteger al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona: si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40 por ciento menos de lo que reciben hoy", sostuvo.
Blanqueo y deuda comercial
Caputo también quiere impulsar un blanqueo de capitales a través del Congreso. El orden macroeconómico que pretende alcanzar sería el contexto por el cual considera que los empresarios tomarán la decisión de ingresar al sistema los dólares que se encuentran de manera informal, ante las tensiones financieras de los últimos años.
El acceso al comercio exterior será, también, reformulado. El sistema de importaciones SIRA que impuso el exministro Massa dejará de existir y, a cambio, habrá autorizaciones automáticas, pero con plazos de giro de divisas. Según el plan que trascendió desde el quinto piso del Palacio de Hacienda, habrá cancelaciones de deuda comercial en el corto tiempo. También habrá un menú de bonos que emitirá el Banco Central para solucionar el problema de los importadores, de modo de tener disponible el flujo comercial.
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