Cada vez más alejado de la Casa Rosada, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti se reunió con los directivos de las cuatro patronales del campo que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) y aprovechó para criticar una vez más a la gestión del presidente Alberto Fernández: “Como ejemplo, en los anteriores gobiernos kirchneristas hubo cepo en la exportación a la carne y, mientras que la inflación aumentó 800 % en ese período, la carne le aumentó a los argentinos 1800 % aproximadamente”, señaló el mandatario cordobés.
Frente a los dirigentes ruralistas Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina); Elbio Laucirica (Coninagro), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas) y Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Schiaretti le exigió al flamante ministro Julián Domínguez de Agricultura, Ganadería y Pesca el levantamiento del cepo a las exportaciones de carne: “Fue mucho peor el remedio que la enfermedad y repetir errores redunda en contra del pueblo argentino y en contra de la producción de nuestra Córdoba. Por eso hemos coincidido, queremos la derogación inmediata del cepo a la exportación a la carne". Y apuntó: "Creemos que debe ser levantado de inmediato el cepo a la carne y la prohibición de exportar carne, porque, además, siempre que se utilizó esta medida terminó siendo la carne más cara para los argentinos”.
Hace 48 horas, ni bien Domínguez había asumido como ministro, el Concejo Agroindustrial Argentino (CAA); Coninagro y la Federación Agraria le reclamaron el cese del cepo a las exportaciones de carne. Los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo de la Nación prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo la medida que limita los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado en 2020.
El gobernador de Córdoba también señaló que con los directivos de la Mesa de Enlace “hemos hablado de otros temas que afectan a los cordobeses, como las retenciones, que son un mal impuesto, son un impuesto a la producción. Creemos que hay que hacer una eliminación gradual de las retenciones y ponerla a cuenta de impuestos a las ganancias”.
Desde el conflicto por la Resolución 125, a principios de 2008, el PJ y el Gobierno cordobés -Schiaretti había asumido en diciembre de 2007 su primer mandato como gobernador- se pusieron del lado de las patronales del campo; y ahora, 13 años después, ratificó su postura: “Nosotros cuidamos al campo en Córdoba porque es, fue y seguirá siendo uno de los pilares del progreso de nuestra provincia. El productor agropecuario es el sujeto económico activo por excelencia que hay, porque son miles y miles en toda la provincia”. El mensaje del gobernador apuntó a fidelizar el voto conservador frente a la contundencia de Juntos por el Cambio y a tratar de traccionar para mejorar su performance en las generales del 14 de noviembre.
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En coincidencia con el tiempo transcurrido desde el paro del campo de 2008 hasta hoy, Schiaretti afirmó: “Córdoba va a aportar $ 270 mil millones en concepto de retención. Esa es plata que quedaría en nuestra provincia, que permitiría más progreso a Córdoba. En los últimos 14 años Córdoba aportó al fisco nacional en concepto de retenciones 2 billones 700 mil millones de pesos”; dijo el gobernador, desconociendo las partidas que giró la Nación en ese mismo lapso; como si la provincia mediterránea no integrara el territorio nacional.
Haciendo gala de un chauvinismo provinciano, Schiaretti avanzó en su pose antifederal: “Esos recursos, quedando en Córdoba, significan más progreso, más producción, más empleo, que es lo que precisamos para seguir progresando. Eso es lo que significa esto, más empleo para los cordobeses y es lo que perdemos”.
En sintonía con Schiaretti, el vicegobernador Manuel Calvo volvió a marcar las diferencias en política agropecuaria entre el Gobierno de Córdoba y la Nación. “Nosotros tenemos un proyecto político provincial y no tenemos nada que ver con el proyecto político nacional”, declaró a la prensa. Sobre el encuentro de Schiaretti con los representantes de las distintas entidades del campo, la consideró como “una excelente reunión”. Y añadió: “Nuestro gobernador fue muy enfático respecto del apoyo de nuestro gobierno hacia el sector agropecuario”.
Lobby patronal
Tras la reunión con el gobernador cordobés, Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), le apuntó a la Casa Rosada: “El cepo a las exportaciones fue de una gravedad inconmensurable; afectó al sector agropecuario de lleno, pero también a las economías de las provincias con producción ganadera. Por eso nuestra búsqueda es que desde las provincias se logre concientizar al Gobierno nacional para rever de manera inmediata esta medida”.
Mientras que el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino sostuvo que “el campo se va a manifestar y se va a hacer oír, pero también pretendemos realizar campañas de concientización hacia la sociedad toda, para que la ciudadanía sepa por qué nos hacemos oír y por qué estamos enojados con las medidas arbitrarias del Gobierno nacional”; aunque admitió que no habrá nuevas protestas por ahora: “En el actual momento del país hay que tener responsabilidad en las acciones a tomar”.
Elbio Lauciriva de Coninagro coincidió en que por ahora tampoco impulsarán protestas, frente a la llegada del nuevo Gabinete nacional: “Lo importante no es el cambio de personas, sino que haya un cambio de actitud; que realmente se resuelvan los problemas que hoy tenemos, que no son solamente del campo sino de la sociedad en conjunto”.
Más allá que la reunión entre Schiaretti y la Mesa de Enlace se publicitó de ambos lados como “contra el cepo a las exportaciones de carne”; el fondo de la reunión fue otro: imponerle a Schiaretti una actualización provincial de la Ley de Bosques para extender la frontera agraria y beneficiar la producción ganadera en detrimento del bosque nativo.
Distintos colectivos ambientalistas denunciaron que en el norte cordobés se produce desmonte y esos terrenos se convierten en zona de producción agroganadera, ya sea por cultivos de soja o instalación de feedlots, “transformando extensiones de bosques nativos protegidos por ley en campos desérticos para las vacas de los grandes empresarios y, aunque está expresamente prohibida en toda la provincia, esta práctica arrincona a los ecosistemas y sigue su impiadosa carrera en la región más pobre del territorio cordobés”.
El ministro de Agricultura y Ganadería cordobés, Sergio Busso, apoyó a los dirigentes ruralistas que quieren extender la zona productiva, al señalar que “pueden haber ocurrido presiones ideológicas, pero sin respaldo científico, que pesaron al momento de armar el mapa actualmente vigente, que deja en rojo a zonas donde se podrían practicar intervenciones sin afectar el ambiente”. En 2020 los incendios forestales arrasaron con más de 350 mil hectáreas de bosque nativo en la provincia de Córdoba, extensiones que después cambian su denominación de uso del suelo; y se permite la instalación de emprendimientos agrícola-ganaderos.
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