Sobre la base del gestado a fines de 2021 por el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley agroindustrial. El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” fue armado con el objetivo de promover el incremento de la inversión y el empleo, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas y/o redes de valor agroindustriales en un lapso de 10 años.
Además, apunta a mejorar la productividad, competitividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado y energía, potenciar la producción de los alimentos listos para consumir, los productos agroforestales, las tecnologías y servicios para la agroindustria y en particular, y las economías regionales. El nuevo texto fue diseñado a través de los aportes realizados por el Ministerio de Economía, las autoridades de las Comisiones Ricardo Buryaille, Marcelo Casaretto, Carlos Heller, y Carlos Ponce, entre otros de distintos bloques políticos, y por las entidades representativas del sector.
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Claves del proyecto
Los sujetos alcanzados serán beneficiarios en la medida que acrediten el incremento de al menos uno de los siguientes indicadores:
- Volumen de ventas.
- Volumen de producción física.
- Volumen de exportaciones físicas.
- Cantidad de personal ocupado.
- Inversiones realizadas
Las inversiones en construcción de infraestructura se encuentran limitadas a aquellas que impliquen una ampliación en la capacidad productiva o mejora en las condiciones laborales o estén vinculadas con la conservación y el mantenimiento de bienes de uso amortizables, como también aquellas vinculadas a mejoras en la capacidad de mantenimiento, almacenamiento y cuidado de la producción agropecuaria.
A su vez, se propone crear el “Sistema de Promoción Agroindustrial para la Producción Sostenible” con el objetivo de incrementar la producción agroindustrial, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de los requerimientos nacionales y de terceros mercados para promover la sustentabilidad y mejorar la calidad de los productos, tales como las buenas prácticas agropecuarias y frutihortícolas, de manufactura, ambientales, de triple impacto, certificaciones oficiales de calidad y las medidas de adaptación al cambio climático.
En el caso de MIPyMES sin actividad exportadora que hayan adherido al régimen, tendrán una bonificación de las tasas exigidas para los trámites por ante organismos de la Administración Pública, correspondientes exclusivamente a las primeras tres operaciones de exportación que realicen de aquellas posiciones arancelarias que establezca el Gobierno.