Una nueva interna afecta al campo a partir del lanzamiento del dólar agro que anunció esta semana el ministro Sergio Massa. Tal como sucedió en las primeras dos ediciones del Programa de Incremento Exportador con la soja, en esta ocasión la división entre productores rurales y cámaras agroindustriales se extendió además las economías regionales.
Por un lado, tras el anuncio oficial del miércoles, desde las diferentes federaciones que integran la Mesa de Enlace salieron a cruzar directamente la medida, bajo el argumento general de que se trata de un mero "parche", y volvieron a insistir con medidas más permanentes, como una baja en las retenciones o una devaluación formal.
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"Las medidas parciales y transitorias no sirven. Necesitamos políticas perdurables que aborden los problemas que tenemos y necesitamos también un dólar que nos permita comercializar", afirmó en ese sentido Elbio Laucirica, titular de Coninagro, quien señaló en declaraciones radiales que uno de los principales problemas actuales para el sector es "la brecha cambiaria".
Los representantes de los productores rurales admiten incluso que esta medida transitoria los beneficiará, pero aun así la critican. "El productor que tenga producción disponible hará usufructo, pero hay un desequilibrio. Creo que hay que ser consecuente con los que la están pasando mal", sostuvo Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria, al canal IP Noticias.
“No es la solución para el campo argentino, sino una necesidad de recaudación del Gobierno. Va a generar distorsiones en los precios, como generó el 'dólar soja', porque cuando uno quiere intervenir los mercados provoca este tipo de cosas: incertidumbre y desconcierto”, afirmó en la misma línea Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural.
El apoyo de las cámaras
Al contrario, desde las diversas cámaras agroindustriales festejaron la medida, que les permitirá exportar con un precio un 42% mayor. Tal como sucedió en las dos anteriores ediciones, el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, festejó el tipo de cambio diferencial para la soja al señalar que “es un reconocimiento de la necesidad de tener un tipo de cambio competitivo y único", y pidió que se mantenga de forma "permanente".
Pero más allá de la soja, esta vez el consenso se extendió a otras cámaras que nuclean a diversas agroindustrias regionales. Si bien el DNU que formalizará el PIE todavía no fue publicado, comunicados de apoyo llegaron de diversas cámaras como la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Cámara de Industriales Arroceros, la Cámara de Tabaco de Misiones, la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPECA), la Cámara del Maní o la maderera FAIMA.
En relación a esta división entre productores y agroindustriales, en el Gobierno explicaron que la Mesa de Enlace "no tienen muchos recursos para criticar y entonces salen a hablar de retenciones como siempre". Aunque admitieron que las negociaciones se hicieron a nivel de cámaras y no de productores, destacaron que estos últimos sí "estaban al tanto" de todo,
En ese sentido, fuentes oficiales con las que habló El Destape señalaron que el problema con las asociaciones de la Mesa de Enlace es que sufren una radicalización en las bases, por lo que sus dirigentes "tienen prohibido sentarse con el Gobierno" y deben salir a cuestionar una medida que en verdad los favorece.
Las fuentes reconocieron que, en el caso de la soja, hay algunas otras variables que pueden llevar a que el beneficio para los productores no sea tan directo, como la variación en el precio de los subproductos o los alquileres. Pero añadieron que las economías regionales sí se beneficiarán directamente con una ganancia un 25% mayor, equivalente a cinco meses de eliminación de retenciones.
Los detalles que restan del dólar agro
La Secretaría de Agricultura estimó que el tipo de cambio diferencial de 300 pesos llegará a más de 30 economías regionales, siempre y cuando logren acordar un sendero de precios con la Secretaría de Comercio que evite que la medida impacte en la inflación.
Todavía resta conocerse de cuánto será la suba autorizada. En el Gobierno anticiparon que "será como en el resto de los productos", a pesar de que hoy, con una suba de precios del 7% mensual, luce difícil que las empresas acepten los aumentos del 3,2% que se habían anunciado para la segunda etapa de Precios Justos.
La medida entrará en vigencia el 8 de abril y durará hasta el 31 de mayo para la soja y hasta el 31 de agosto para las economías regionales. Para ello, el DNU deberá estar listo a más tardar el próximo lunes, primer día hábil. El texto incluirá un anexo que permitirá que las cámaras agroindustriales que no hayan formalizado su acuerdo antes puedan incorporarse al PIE más adelante.
La liquidación esperada para la soja es de 5.000 millones de dólares, un número en el que coinciden Agricultura y CIARA-CEC. En cambio, la cifra de las economías regionales genera más incógnita: aunque el secretario Juan José Bahillo habló de 4.000 millones de dólares hasta agosto, los productores sostuvieron que no es posible definirla hasta que no se conozca la lista de productos regionales que efectivamente entrará en el acuerdo. De todos modos, cerca de Bahillo son optimistas y señalaron que solo entre el maní y la industria vitivinícola deberían exportar 1.500 millones.
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