La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, logró visibilizar 920 casos de trabajadoras y trabajadores con indicios de explotación laboral en poco más de dos años, informó hoy el organismo tributario.
En total se llevaron a cabo 56 operativos, donde se inspeccionaron a 110 contribuyentes, precisó el comunicado de la AFIP.
“Sólo el trabajo registrado le garantiza sus derechos a los trabajadores y las trabajadoras. En el siglo XXI, no puede existir trata laboral en la Argentina”, afirmó Carlos Castagneto, al evaluar los resultados realizados por el área de Coordinación contra el Trabajo Ilegal, creada por el titular de la AFIP cuando se desempeñaba como director general de Recursos de la Seguridad Social.
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La cosecha de papas y la horticultura, cada una con el 20% de los casos, son las ramas productivas en las que se detectaron más situaciones con indicios de explotación laboral, seguidas por el rubro textil, con el 14%.
"El objetivo del sector creado en 2020 es centralizar y coordinar acciones federales en la lucha contra la explotación laboral, la reducción a la servidumbre, la explotación infantil y la contratación de personas con situaciones migratorias irregulares", destacó el organismo estatal.
Además, sobre los 920 casos registrados, el 85% de las víctimas son hombres, en tanto que el 57% de los empleadores o tratantes, también son hombres; y en segundo lugar se ubican las personas jurídicas.
Al dividir la información por zona geográfica, la provincia de Buenos Aires registró el 47% de los casos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16% y Córdoba el 10%.
A partir de los casos relevados, la AFIP presentó 35 denuncias por situaciones compatibles con características de explotación laboral, de las cuales 53% de ellas se vinculan con trata laboral, un 24% por reducción a la servidumbre, un 13% a situaciones de explotación infantil y otro 10% a la contratación de personas con situaciones migratorias irregulares.
“La experiencia nos dice que quienes incumplen las normas laborales son los mismos que no cumplen con las obligaciones impositivas o aduaneras. Además de los controles, buscamos preservar los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, aseguró por su parte Mara Ruiz Malec, actual directora de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, quien sucedió a Castagneto en su cargo.
Al contar su experiencia, Castagneto recordó: “hemos encontrado familias enteras en el medio del campo, sin casa, sin baño, sin ducha, en una cosecha de cuatro meses y con sueldos míseros. Y cuando fuimos al rescate de esas personas no sabían siquiera en qué provincia estaban”, afirmó.
Se remarcó que a través de distintas acciones se busca detectar de forma temprana situaciones de explotación y/o trata, trabajo que se realiza de forma articulada con distintos organismos del Estado Nacional, jurisdicciones provinciales y la Justicia Federal.
"La coordinación entre instituciones posibilita no sólo un abordaje integral, ágil y efectivo, sino que asegura la posterior asistencia y protección de las trabajadoras y trabajadores damnificados", indicó el comunicado de la AFIP.
Para un mejor abordaje, estas tareas también incluyen un trabajo coordinado dentro del propio organismo que incluye la intervención de las áreas legales, penales y de lavado de activos del organismo, y desde la detección de casos hasta la confirmación de los mismos, el equipo jurídico aporta un pilar fundamental en términos de asesoría y asistencia legal integral.
La trata de personas con fines de explotación laboral es un delito llevado a cabo mediante mecanismos de captación, traslado y acogimiento de las futuras víctimas. Algunos indicios que marcan posibles casos de trata y explotación son: engaños en materia de captación y condiciones laborales, haberes por debajo del Salario Vital y Móvil, jornadas extensas que superan lo permitido por la Ley de Contrato de Trabajo, precarias condiciones de seguridad e higiene, cobro o descuento en salarios en concepto de traslados, servicios ligados a la vivienda y consumos de las personas afectadas, libertad de movimiento restringida ya sea de forma directa o indirecta, como por ejemplo a través de la sustracción de documento de identidad y falta de pago en efectivo, e imposibilidad de comunicación externa.
"Es importante aclarar que una vez identificados estos casos, la AFIP da intervención a la Justicia Federal a través de denuncias telefónicas realizadas in situ desde el lugar en dónde se detectan situaciones que podrían encuadrarse como de explotación laboral. Cumplido este paso, será la justicia la encargada de activar los protocolos del Programa Nacional de Rescate", precisó el organismo recaudador.
Desde el 2020 se recibieron más de 3.800 llamadas, de las cuales más de 85 fueron canalizadas como denuncias por trabajo ilegal.
Con información de Télam
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