La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir de un trabajo conjunto de la DGI y la Aduana, incautó casi 400 toneladas de soja ilegales en Misiones y dio de baja 71% de carta de porte electrónico (CPE) para el transporte de granos hacia esa provincia.
En allanamientos simultáneos en las localidades misioneras de El Soberbio, 2 de Mayo y San Vicente con la intervención de Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas se secuestraron 380 toneladas de soja.
Parte de las mismas estaban acondicionadas en el interior de depósitos en bolsas de 50kg y el resto sobre los mismos medios de transporte que se dirigían hacia localidades ubicadas en la costa del Río Uruguay, frontera con Brasil.
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"El ingreso de grandes cantidades de granos especialmente poroto de soja a Misiones, distrito que no presenta, estadísticamente y de manera formal, grandes volúmenes de demanda de la oleaginosa en cuestión, hacen presumir, con grandes niveles de certeza que la misma ingresa al territorio aduanera para luego salir de contrabando hacia Brasil", destacó un comunicado de la Aduana.
Por eso, su director general, Guillermo Michel, remarcó “la clara decisión desde la Aduana de luchar contra esta maniobra que genera importantes perjuicios a la economía nacional, posibilitando de esta manera el desarrollo de mercados informales e ilegales que sin duda damnifica a la industrial nacional y al empleo argentino”.
Asimismo, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto dijo “estos operativos apuntan a combatir daños directos que se cometen contra el fisco, tal como la disminución de los recursos impositivos, la evasión tributaria, y el crecimiento de la informalidad en todos sus aspectos; en este caso, estamos hablando de un valor final que supera los $23 millones”.
Por último, desde la Aduana destacaron que 46% de CPE (documento obligatorio que ampara el transporte de granos automotor y ferroviario) emitidas durante el período agosto-octubre con destino a Misiones corresponde a traslados de soja por un total de 55.856 toneladas, de las cuales, ante la situación descrita anteriormente, 71% fueron anuladas.
Con información de Télam
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