La AFIP, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) realizó durante noviembre una serie de procedimientos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco con indicios de explotación laboral. El organismo conducido por Carlos Castagneto relevó un total de 235 trabajadores en 9 firmas distintas dedicadas a diferentes rubros como el cultivo de papa, producción de leche, cría de animales y desmonte y producción de carbón. Como resultado de las irregularidades detectadas en los operativos, se presentaron tres denuncias penales en la justicia federal.
En la localidad bonaerense de Dolores, la AFIP encontró a un grupo de empleados en la producción de papa que vivían en trailers precarios sin sanitarios ni gas y tenían a su cargo tanto el costo de las garrafas como el hielo que debían utilizar para refrigerar alimentos. Los trabajadores desconocían hasta el momento de la cosecha el monto que cobrarían por su salario, sus jornadas laborales duraban 15 horas diarias y tenían impedido salir del campo. Además, los víveres debían adquirirlos a precios abusivos a un familiar del dueño.
En Bahía Blanca, el organismo constató en un predio un grupo de 10 empleados que eran obligados a dormir hacinados en un micro escolar al que le habían retirado los asientos para poner en su lugar camas precarias. No tenían sanitarios ni ducha y debían higienizarse en una lona con un pallet ubicado en las inmediaciones del colectivo. Habían sido contratado junto a otros 16 trabajadores que también vivían en dos vehículos “acondicionados” para tal fin para la construcción y tareas varias. Declararon cobrar entre $3.500 y $9.000 por día pero al momento de la inspección, aún no habían percibido ninguna suma.
En Chaco, se relevó un establecimiento en donde se producía carbón vegetal sin elementos de seguridad alguno. Los empleados trabajaban de lunes a sábados y durante ese lapso vivían en campamentos precarios sin electricidad ni mecanismos para aislar el calor o evitar el ingreso de insectos. Debían bañarse mediante baldes con agua y durante la noche debían prender fuego para poder iluminar el predio. Las jornadas laborales eran extensas y cobraban por ellas 40.000 pesos por mes. Sin embargo, el dueño descontaba los días de lluvia y 10.000 pesos por semana en concepto de los víveres que les llevaban al campamento al momento de abonarles el sueldo.
Por su parte, en Santa Fe, la AFIP denunció al contribuyente dueño de un campo en donde, en una construcción precaria, vivía una familia de tres personas que se encargaba de alimentar animales y cuidar el predio. La situación sería compatible con la trata de personas con fines de explotación laboral y/o reducción a la servidumbre. Uno de los empleados tiene 16 años, declaró trabajar allí desde los 11 y cobrar 10.000 pesos por mes, mientras que su padre percibe entre 30.000 y 40.000 pesos y la madre directamente no percibe ninguna remuneración.
No pueden salir del predio sin autorización del patrón, que no siempre se las concede. Tampoco tienen agua para consumo humano. Tras estos operativos realizados durante noviembre, la AFIP presentó tres denuncias penales en la justicia federal.
Las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios sobre diferentes actividades productivas realizadas a lo largo de todo el país tienen como objetivo principal la identificación, análisis y seguimiento de determinados indicadores de alerta. A través de distintas acciones se busca detectar de forma temprana situaciones de explotación y/o trata, trabajo que se realiza de forma articulada con distintos organismos del Estado Nacional, jurisdicciones provinciales y la Justicia Federal. La coordinación entre instituciones posibilita no solo un abordaje integral, ágil y efectivo sino que asegura la posterior asistencia y protección de las trabajadoras y trabajadores damnificados.
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