El Gobierno amenaza con regulaciones ilegales del derecho a huelga y los gremios advierten por alterar el funcionamiento interno de Aerolíneas Argentinas. El Ejecutivo oficializó este lunes la declaración de "servicio esencial" a la actividad aérea, que había sido anunciada el viernes de la semana pasada, el mismo día en que los gremios aeronáuticos cumplían un paro por 24 horas. La medida obliga a mantener el servicio en medio de cualquier conflicto gremial. El sindicato advierte que el Gobierno está danto los primeros pesos de cara a una posible privatización de la empresa.
La medida se dispuso con la publicación en el Boletín Oficial a través dos decretos, 825 y 831 y establece que "conforme a las decisiones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resulta legítimo requerir un servicio mínimo en aquellos que son de importancia trascendental para el país y/o en huelgas en sectores de alta importancia que por su duración o magnitud pueden producir daños irreversibles, poner en peligro la salud o la seguridad pública, o generar consecuencias graves para el país".
Los gremios advirtieron que se presentarán ante la Justicia para revertir la situación y anticiparon que el conflicto que mantienen con Aerolíneas Argentinas en particular y el Gobierno en general, "se va a agravar". En los considerandos se indica que "la interrupción del servicio público esencial de aeronáutica civil aerocomercial puede generar consecuencias graves" para el país, "amenazar la seguridad o salud de la población, afectar el suministro de insumos esenciales y dificultar la conectividad y el comercio local e internacional".
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En un comunicado de la Federación Aérea, que incluye a personal aeronáutico, superior, pilotos y aeronavegantes, se advierte que "la afectación del referido servicio repercute en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en las múltiples industrias que dependen de manera directa e indirecta de este medio de transporte de personas y mercancías para su normal desarrollo".
La Federación detalla "la cadena de ilegalidades, y las consecuencias derivadas de ello, que el gobierno pretende cometer". "En primer lugar, hay que hacer notar que, a diferencia de las acciones en cabeza del Estado Nacional, consecuencia de la reestatización de la empresa luego de la ruinosa gestión privada, las acciones de los trabajadores son derivadas de un régimen legal específico, la Ley 23.696, la misma a la que acudió este gobierno para las nuevas privatizaciones que impulsa, a través de denominada Ley Bases, aunque en este caso no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizables", detallan los gremios.
Los sindicatos referentes alertan por "la intención del gobierno de desplazar al director designado por la PPP por accionistas independientes, importa una intromisión en una participación accionaria ajena y una violación del Estatuto social". "A la vez es un ataque, directo e ilegal, al derecho de propiedad que deriva de las acciones respectivas", aclara el comunicado.
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