La Dirección General de Aduanas (DGA) informó hoy que 460 firmas exportadoras que habían recibido intimaciones por atrasos en la liquidación de divisas, las garantizarán mediante seguros de caución por un total de US$ 118 millones.
Las operaciones se concretaron con la utilización del sistema que la DGA puso en funcionamiento con la instrucción general 7/2022, que consiste en garantizar el ingreso de las divisas vía un seguro de caución, una opción elegida por "muchos operadores de comercio exterior para evitar ser suspendidos del registro de importadores y exportadores", indicó el organismo en un comunicado.
"Precisamente, a la fecha 460 firmas que habían recibido intimaciones han garantizado la liquidación de US$ 118 millones", añadió.
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En mayo la Aduana había dado a conocer los casos de una agroexportadora que pagó un seguro de caución de US$ 1 millón y el de un frigorífico que garantizó el ingreso de US$ 7.5 millones.
Por otra parte, 142 empresas han sido suspendidas del registro de importadores y exportadores y 25 exportadores han sido denunciados penalmente por una suma combinada de US$ 102 millones, precisó la DGA, que detalló al respecto que "el monto más alto, de casi US$ 17 millones corresponde a una empresa de agroquímicos".
"No obstante, el rubro con más infracciones es el de productos primarios: tres agroexportadoras recibieron denuncias de más de US$ 5 millones cada una", señaló la DGA, para agregar que también se iniciaron "acciones legales contra empresas de servicios de transporte".
Los plazos para liquidar divisas van desde los 15 días contados a partir del permiso de embarque (en el caso de la soja) hasta 180 días (para economías regionales) y, en algunos casos, 365 días.
Cuando los exportadores no efectúan el ingreso de divisas en forma oportuna, la Aduana los intima para que dentro del plazo de 10 días, procedan a liquidarlas debidamente o a garantizar su ingreso mediante un seguro de caución.
De no cumplirse con estos requisitos, su operatoria en comercio exterior es inhibida.
Asimismo, la Aduana destacó que el Juzgado Federal Número 1 de Rosario decidió no hacer lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa sojera entrerriana, que había presentado un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la IG 7/2022.
Con información de Télam
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