La curva invertida, hace alusión al ajuste comprometido por Martín Guzman a inicios de año con el FMI, que el flamante ministro de Economía Sergio Massa ratificó en su asunción para cumplir tanto con el Presupuesto Nacional y el organismo de crédito reintroducido por el macrismo en 2018. Sin embargo, la pendiente bien podría referirse al humor social que podría enfrentar Argentina durante el segundo semestre, cuando el Gobierno además espera ahorrar 500.000 millones de pesos con la nueva segmentación de los subsidios energéticos.
Se trata de un gráfico elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, confeccionado incluso, “asumiendo una dinámica positiva para lo que resta del año” en materia de ingresos tributarios, es decir, apunta el estudio, “creciendo en términos reales entre 5 y 6 por ciento anual, similar a lo registrado en los últimos meses”.
Se plantea, en definitiva, que “el gasto primario deberá terminar el cuarto trimestre contrayéndose anualmente 8 por ciento en términos reales”, frente al aumento que se verificó, hasta mayo pasado, “a un ritmo promedio de 17 por ciento anual real”. Así a través del informe se advierte que para alcanzar la meta de 2,5 por ciento de déficit fiscal comprometida con el FMI y ratificada por Massa, “el esfuerzo por el lado del gasto deberá ser sustancial”, pues “la trayectoria actual de ingresos y gastos arroja un déficit tendencial que se ubica fácilmente arriba de 3.3 por ciento del PBI”.
Resulta una verdadera incógnita en qué medida colaborará la reducción de los subsidios energéticos a disminuir este gasto. Esto es así porque, desde este mismo centro, planteaban que los ahorros fiscales de dicha medida se estimaban “en solo 0,03 por ciento del PBI en 2022 y 0,08 por ciento del PBI en 2023”. Sin embargo, estas exiguas cifras podrían ser algo mayor debido a que los cuatro millones de hogares que finalmente no solicitaron el subsidio fueron un número mayor al proyectado inicialmente, pero no menos cierto es que la suba tarifaria disminuirá el poder adquisitivo fuera del pago de tarifas para estos y parte de los 10 millones de hogares a los que se le retirará parcialmente los subsidios, además de incrementar los costos empresarios y los índices inflacionarios.
Todo ello, disminuirá la actividad económica y con ella una recaudación fiscal que, en gran medida se está traccionando por tributos vinculados a la misma actividad, esto es el consumo y el empleo, pues en junio el IVA había crecido un 7 por ciento anual real, el impuesto al cheque un 9 por ciento, y los aportes vinculados a la Seguridad Social, otro cinco por ciento, con lo que podría ser necesario un mayor ajuste para alcanzar cumplir la meta ratificada la semana pasada con el FMI.
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Por fuera de la mentada reducción de los subsidios, resulta una verdadera incógnita advertir en qué otros aspectos podrá ajustar el Gobierno. Un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, realizado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario, permite observar que las cuatro mayores erogaciones públicas son el rubro jubilaciones, con un 42 por ciento del total, seguido por los planes sociales, con el 11 por ciento, los subsidios energéticos, con un 10 por ciento, y los empleados públicos, con el 9 por ciento.
Prácticamente está descartado un ajuste en las jubilaciones y en los planes sociales ya que ambos se encuentran en mínimos históricos, y, por otro lado, se indexan por fórmula de actualización. Entonces, resta ver cuál será el ahorro que en efecto podrá ejecutar el Gobierno sobre los subsidios ya que sobre la planta pública se planteó un congelamiento de ingresos pero no se manifestó intenciones de auditar el gasto actual.
Es posible que al no indexarse parte del 28 por ciento restante del gasto, entre los que sobresalen Educación con 6,5 por ciento y Salud con 5 por ciento, sean ajustados por la inflación. Sin embargo, no solo esta situación tensionará una sociedad ya “ajustada” por el aumento tarifario y sus derivados, sino que además, como se señaló, implicará un menor dinamismo del mercado interno que afectará los actuales índices de recaudación, sobre los cuales se basó el estudio de la UBA para proyectar un ajuste que, de no cumplirse esta recaudación, debería ser aún mayor para alcanzar la meta de déficit comprometida con el FMI.
Ciertamente, cualquiera de las siguientes proyecciones deben tamizarse bajo una sentencia que el propio Instituto Interdisciplinario señaló en su informe: “Vale aclarar que este ejercicio es meramente hipotético y, por supuesto, no se pueden descartar nuevas iniciativas, incluso en materia de ingresos, que pueda llevar adelante el nuevo equipo económico”.
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