A escasos días del balotaje y cuando todo indica que será necesario refinanciar el programa financiero con el Fondo Monetario por incumplible en el actual contexto, el oficialismo promueve una revisión del préstamo histórico que le otorgó el organismo al macrismo. En sintonía con las declaraciones del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, quien adelantó que el FMI comenzará a investigar la fuga generada en 2018-2019 con fondeo de la entidad crediticia multilateral, los diputados nacionales Alejandro Rodríguez y Natalia de la Sota presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina en el marco del Acuerdo Stand By se usó en esos años para financiar la fuga de capitales.
Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central referidos a la formación de activos externos y/o fuga de capitales. También existen informes previos del FMI que reconocen que faltaron controles en el seguimiento del programa.
A finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados. Al igual que en anteriores experiencias de extrema liberalización, las medidas desataron una grave crisis que afectó a la economía argentina. El punto de partida fue el reconocimiento de la totalidad del dinero demandado por un fondo buitre, donde uno de los fideicomisos involucrados en el litigio contaba con apoyo del FMI. De esta forma, durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, “aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos”, señala el citado informe del Banco Central.
Preparando el terreno
Las negociaciones habían comenzado antes de asumir el Gobierno y para abril, a pocos meses de tomar el poder, el macrismo reconocía y pagaba en efectivo el monto demandado por un grupo de fondos buitre que habían comprado deuda en default a un tercio de su valor para así litigar por la totalidad nominal. La operación tuvo numerosas irregularidades y hace unos meses se conoció que el FMI estuvo detrás de uno de esos fondos litigantes.
En mayo de este año técnicos del oficialismo del área legislativa y del Ejecutivo, encabezados por el ex diputado Rodolfo Tailhade volvieron a revisar los convenios y condiciones firmados por Cambiemos en materia de financiamiento.
Caben recordar dos hitos al respecto: el primero es que el grueso de la deuda se encontró mal listada, con enmiendas y sin los protocolos habituales en que se registran estos empréstitos; y el segundo es que los programas a que se comprometió eran incumplibles para el repago mientras uno de cada tres dólares que ingresaban se fugaba en el acto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un pago al Fondo Monetario, a través de una administradora externa privada que manejaba las cuentas de ganancias y de retiro del staff del organismo y que también había litigado contra la Argentina.
Dentro del listado de beneficiarios del acuerdo con los buitres se encuentra el FMI, que tenía inversiones en el mercado argentino a través del fondo Stone Harbor Investment Partner LP, que les administraba un fideicomiso de inversión de beneficios para el staff del organismo y de un plan de retiro para estos burócratas. El fideicomiso administraba desde 2007 para el FMI un International Monetary Fund Retired Staff Benefits, con tenencias en valor nominal por 11.837,41 euros y 209.000 dólares. También administraba el Fund Staff Retirement Plan por 529.464,42 euros y 1.101.000 dólares para el organismo multilateral.
Luego de ese acuerdo, comenzó un festival de bonos que finalizó en 2018, cuando las condiciones económicas y financieras del país daban cuenta de la imposibilidad de que pudieran ser repagadas y le cerró la puerta a la Argentina. Acto seguido, el gobierno de Macri acudió al Fondo y obtuvo el mayor préstamo en la historia del organismo.
Por encima de sus posibilidades
En lo que después se conoció como el mayor aporte de campaña del FMI, en este caso a Mauricio Macri, la Argentina se convirtió en el principal acreedor del organismo, con un préstamo que significa el 1000% de su cuota. La cifra fue exponencialmente mayor a lo que puede recibir un país como Servicio de Crédito Stand-by (SCF), que busca asistir a países de bajos ingresos con necesidades de balanza de pagos a corto plazo.
El SCF es uno de los servicios del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (SCLP). El acceso total a este tipo de financiamiento, según se encuentra publicado en la página web del organismo, está limitado al 145 por ciento de la cuota anual, y el crédito concesional acumulativo total, neto de reembolsos programados, al 435 por ciento de la cuota. Macri recibió el doble.
El Fondo además hizo la vista gorda al manejo financiero, que permitió que ese dinero se fugara de inmediato y no se cumplieran los criterios acordados. En una auditoría previa del organismo se alerta por la falta de atención a “los efectos sociales y distributivos” antes de aprobar el endeudamiento. El informe interno reconoce además que hubo una falta de supervisión del programa económico que implementó el gobierno de Cambiemos y que se aceleró de forma inconsistente la apertura de la cuenta capital en el país, generando una crisis económica y social.
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“El FMI podría no haber advertido con suficiente insistencia sobre la necesidad de fortalecer el marco de política macroeconómica tras una apertura muy rápida de la cuenta de capital”, advierte el informe de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO, por sus siglas en inglés) que fue establecida en 2001 para analizar las políticas y actividades del FMI.
Riesgos e irregularidades igual a fuga
El colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó también en mayo de este año por mayoría el estudio realizado sobre el préstamo del Fondo, en el cual se detectaron numerosas irregularidades y advirtió que por la magnitud y características del acuerdo “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.
El acuerdo suscripto, de casi 57.000 millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país. “Por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”, señaló la AGN en un comunicado de prensa. Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacaron “relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo”.
El informe advirtió sobre “la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública”.
Por su parte, el Banco Central realizó también un informe, citado por los diputados en el pedido de explicaciones al FMI, donde se destaca una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual el macrismo decidió recurrir al Fondo, que desembolsó un préstamo récord de 44.500 millones de dólares. “A lo largo de todo el período, la formación de activos externos de los residentes (coloquialmente llamada ‘fuga de capitales’) se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones”, señala el informe de la entidad que conduce Miguel Pesce. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la fuga alcanzó los 45.100 millones de dólares.
La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por 24.679 millones de dólares. Por su parte, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica 7945 millones de dólares.
“El préstamo del FMI pasó a ser la fuente primordial de nuevo financiamiento durante el período comprendido entre mayo de 2018 y octubre de 2019. El país enfrentaba una creciente demanda de divisas en concepto de atesoramiento de residentes, salida de capitales especulativos y pagos de deuda”, señala el informe. Entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44.500 millones de dólares. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45.100 millones.
En conclusión, el gobierno de Cambiemos finalizó entonces con una de las fases contractivas más prolongadas de su historia, una tasa de inflación que marcó el nivel más alto de los últimos 28 años, registros récord de desempleo en 13 años y niveles de pobreza que alcanzaban a más del 35 por ciento de la población sin factores externos que lo provoquen. Ahora se espera que se expida el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
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