La presión fiscal es moderada, pero regresiva

El tema fue nuevamente puesto sobre la mesa por la alianza Juntos. Si bien parecía lógico su apoyo al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pues el mismo podría evitar parte de los nocivos efectos del crédito de 44.000 millones de dólares que este espacio político suscribió con el organismo multilateral, lo cierto es que sus integrantes igualmente condicionaron su votación en el Congreso.

Y es que según dirigentes de este espacio político como Miguel Pichetto, Patricia Bullrich o Martín Tetaz, no habría apoyo al entendimiento si el acuerdo para reembolsarle al FMI el dinero pedido durante la gestión macrista incluía como una de sus cláusulas una suba de impuestos o nuevos impuestos.

Los planteos tuvieron la respuesta de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien salió a descartar que la letra chica del acuerdo con el FMI implicara esta posibilidad, pues en diálogo con El Destape Radio señaló que “no se está pensando en crear nuevos impuestos sino en mejorar los ya existentes”, profundizando “el trabajo en materia de fiscalización y control en los sectores de mayor capacidad contributiva”.

Las palabras de Marco del Pont, dieron cuenta en rigor de un elemento que subyace en la discusión sobre la presión impositiva, como lo es el hecho de que el actual Estado recauda proporcionalmente menos tributos provenientes de los sectores “con mayor capacidad contributiva”, pues la mayor parte de la recaudación proviene de impuestos regresivos, es decir aquellos que se aplican a todos los ciudadanos sin importar su situación patrimonial, desde empresarios a cartoneros. 

En cifras, solo el 42 por ciento de la recaudación impositiva proviene de los denominados tributos progresivos, esto es los orientados a los sectores más pudientes, como Ganancias, Derechos de Exportación y Bienes Personales. Esta puede ser una de las claves en la percepción de varios sectores medios y bajos sobre la alta presión impositiva, pues según señala a El Destape Martín Mangas, investigador y docente de Finanzas Públicas de la Universidad de General Sarmiento, lejos de esta situación, la presión fiscal consolidada de las últimas dos décadas, que abarca a Nación, Provincia y Municipios, promedia un 30 por ciento del PBI, lo cual las sitúa “lejos de ser las más elevadas”, y la ubica en índices similares a la de Estados Unidos, Brasil o Uruguay, quedando muy por debajo de los países desarrollados, como los escandinavos o Francia, “que están por encima del 40 por ciento”.

Así, en la cuestión impositiva la principal diferencia con los países desarrollados no parece relacionarse con los montos que recauda el Estado en relación al tamaño de su economía, es decir la presión fiscal, sino con su estructura y eficiencia en la recaudación. Y es que la misma, sostiene Mangas, es mucho más regresiva que la de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, también conocida como “el club de los países ricos”) e incluso de otros países latinoamericanos gobernados durante décadas por gobiernos neoliberales, como Chile y Colombia, sosteniendo un esquema que afecta más, en términos proporcionales, a los sectores medios y bajos.

Recorrido

Durante los últimos dos años, parece haberse operado una política contradictoria en materia de impuestos, ya que a poco de asumir el gobierno del Frente de Todos aumentó las retenciones a las soja del 29 al 33 por ciento aunque solo para el cuarto del total que exporta más de mil toneladas, y durante 2020 logró sancionar el impuesto a la riqueza, que significó 3 de cada 100 pesos recaudados.

Sin embargo, pese a la extraordinaria suba en las materias primas, que se encuentran entre un 33 y un 43 por ciento en dólares por encima de 2015, durante 2021 no modificó el esquema de retenciones, que disminuyeron cerca de un 60 por ciento para el trigo y maíz y cerca del 10 por ciento para el caso de la soja en relación en relación a ese año, ni tampoco volvió a insistir con un tributo a los individuos más ricos del país, aunque sí le confirió una mayor progresividad al impuesto a los Bienes Personales, al elevar de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible pero incrementar las alícuotas a los contribuyentes que sumen más de 100 millones de pesos.

Justamente Bienes Personales fue el impuesto por el que el gobierno ganó una mayor progresividad en la recaudación impositiva. Según señala Mangas, existieron tres factores que posibilitaron esta cuestión, como los son la citada reincorporación de alícuotas progresivas, que el macrismo había suprimido, las mayores alícuotas que se decidieron aplicar desde 2020 a los bienes del exterior, y los resultados del blanqueo que llevó adelante el macrismo, el cual a cambio de condonar las deudas de los evasores, logró un pequeña recaudación, pero sobre todo ampliar la base de este impuesto, gracias a la declaración de 167.000 propiedades.

Todo ello, agrega Mangas, posibilitó que los impuestos progresivos hayan subido del 40 al 42 por ciento del total de la recaudación, en un tránsito inverso al experimentado durante el macrismo, cuando descendieron del 41 por ciento de la recaudación en 2015 al 40 por ciento en 2019. Si bien la variación de uno o dos puntos porcentuales parecen insignificantes, se trata en rigor de miles de millones de pesos, y tiene además importancia porque, sostiene Mangas, “las reformas o cambios son siempre en los márgenes”.

Por otra parte, si bien el actual 42 por ciento de impuestos progresivos dista de estar en línea con los países desarrollados, e incluso con otros de la región de tradición neoliberal, visto en perspectiva resulta un avance. Y es que en el último año del menemismo, 1999, aún no se cobraban los derechos de exportación y los impuestos progresivos oscilaban entre el 23 y el 25 por ciento del total recaudado.