Una comitiva argentina encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viaja a Estados Unidos para cerrar la aprobación de las metas de la cuarta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además se plantearían una serie de consideraciones que el gobierno considera prioritarias para encarar este 2023. El cumplimento de las metas fijadas para el último trimestre del 2022, algo que ya se da por descontado, permitirá acceder a un desembolso de USD 5.400 millones por parte del organismo internacional, lo que no es menor en el contexto actual de dificultades para la acumulación de reservas y la sangría registrada en el inicio de este año.
Se estima que el Banco Central vendió USD 1.346 millones en 23 ruedas, según el último informe de la consultora 1816 que agrega que “las próximas semanas serán difíciles por la baja oferta del agro, la compra anticipada de GNL por USD 1.300 millones y el plan de recompra de Globales, que si bien insumen menos dólares que en enero, sigue presionando sobre la balanza de pagos”. Para llegar a la meta de marzo la consultora estima que se deben acumular USD 2.800 millones de reservas netas.
“Las reservas de libre disponibilidad cayeron casi U$S 1.000 millones en lo que va de 2023, porque todos quieren comprarle al Banco Central pero nadie quiere venderle”, analiza por su parte la consultora Sarandí y agrega que “todo esto hace pensar en un dilema a corto plazo, por medio del cual se deba decidir si incumplir el acuerdo con el FMI o resignar crecimiento económico”.
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El impacto de la sequía no es menor, según la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario “hizo caer la proyección de cosecha de soja, trigo y maíz en 28,5 millones de toneladas, un 23% de la producción”, con un impacto de aproximadamente 8.000 millones de dólares en ventas, lo que representa una caída del 18% respecto al ingreso estimado para la campaña anterior.
Frente a ello el gobierno nacional anunció hace unos días un conjunto de medidas destinadas a ayudar a los productores afectados por la sequía que incluyen suspensión de algunos anticipos de impuestos y acceso a financiamiento subsidiado.
La cuarta revisión
En diciembre del 2022 cerró el último trimestre de metas a cumplir en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI para renegociar el pago del histórico préstamo de Stand By por USD 45 mil millones que el gobierno de Mauricio Macri tomó en 2018. Si todo sale como prevé el gobierno nacional el cumplimiento de las metas le permitirá acceder a un desembolso de USD 5.400 millones por parte del organismo de crédito.
Al respecto si se analiza qué pasó con cada meta se observa que en cuanto al déficit fiscal, los objetivos fueron “sobrecumplidos”. El FMI pedía que en todo 2022 Argentina tenga un déficit máximo de 2,5% del PBI, el año cerró con 2,4%, y a un ritmo de contracción del gasto sostenido que permitiría a su vez llegar sin problemas a la próxima revisión. Para el total de 2023 ese 2,4% se tiene que transformar en un 1,9%. Según estimaciones del CEPA, “si se mantiene un ritmo de crecimiento semejante al segundo trimestre de 2022, la primera meta fiscal del 2023 se cumpliría sin problemas”. En cuanto a la meta de emisión monetaria el límite era hasta el 0,6% del PBI y se habría cumplido también siendo clave el financiamiento neto obtenido en diciembre por USD 700 mil millones. En esta línea las perspectivas oficiales son “optimistas” respecto de los resultados del financiamiento en pesos y las renovaciones de deudas obtenidas al momento.
Por su parte, la meta de reservas internacionales ocupa el foco de atención. Si bien el cumplimiento a diciembre parece no tener mayores inconvenientes, se presta especial atención a la próxima revisión debido a algunas cuestiones que pueden llegar a afectar el flujo de dólares, siendo la principal la sequía, en un contexto donde además la liquidación de la cosecha viendo siendo un elemento de negociación del sector exportador. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario a inicios de este mes quedaban sin vender unas 5,2 millones de toneladas de soja de la campaña 2021/22 y unas 3 toneladas vendidas sin precio fijado.
A lo anterior se suman otras cuestiones como el ritmo de devaluación que siga el tipo de cambio, la deuda del sector privado, el avance de las negociaciones con bancos internacionales por el préstamo Repo para fortalecer reservas, y el éxito en los planteos que el gobierno viene realizando al FMI en materia del impacto económico de la guerra entre Ucrania y Rusia que estiman alrededor de USD 5.000 millones por la suba en los precios internacionales del sector energético, fertilizantes y fletes. A ello se agrega el recientemente anunciado ahorro de 2.100 millones de dólares por compras anticipadas de GNL y los acuerdos entre los bancos de Argentina y Brasil para desarrollar el intercambio comercial sin afectar las reservas de ambos países.
La clave son las reservas
Luego de los resultados favorables por la medida conocida como “dólar soja” para incentivar la liquidación del agro y un nuevo sistema de mayor regulación de importaciones (SIRA), en el último bimestre crecieron las ventas del Central para dar respuesta a las demandas de los importadores para sostener el ritmo de producción ante una menor oferta en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), con su consecuente impacto en la acumulación de reservas.
En ese marco, el impacto de la sequía no es menor. Según estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario “la sequía hizo caer la proyección de cosecha de soja, trigo y maíz en 28,5 millones de toneladas, un 23% de la producción”, y agrega que “si valorizamos las exportaciones netas previstas al momento de la siembra, respecto a las que se proyectan hoy con los precios vigentes, se estima que dejarán de ingresar al país cerca de 8.000 millones de dólares, una caída del 18% respecto a la campaña 2021/22”. Sólo en concepto de derechos de exportación, el Estado dejará de percibir según la entidad unos USD 1.050 millones de dólares por las ventas externas de los complejos trigo, soja y maíz.
El BCRA viene de vender USD 1.346 millones en 23 ruedas según el último informe de la consultora 1816 que agrega que “las próximas semanas serán difíciles por la baja oferta del agro, la compra anticipada de GNL por USD 1300 millones y el plan de recompra de Globales, que si bien insumen menos dólares que en enero, sigue presionando sobre la balanza de pagos”. Para llegar a la meta de marzo, esta consultora estima que se deben acumular USD 2800 millones de reservas netas.
Por su lado, desde Sarandí señalan que “la brecha cambiaria hace estragos. Sin trajes a medida como el Dólar Soja –lo que al momento fue descartado por el gobierno- los incentivos a la exportación se reducen. Tras cartón llegó la sequía, jaqueando la posibilidad de robustecer las reservas. Todo esto hace pensar en un dilema a corto plazo, por medio del cual se deba decidir si incumplir el acuerdo con el FMI o resignar crecimiento económico”. En relación, la consultora evalúa que “las alternativas para salir del laberinto son dos: resignarse a un menor nivel de producción o empezar a allanar el terreno para una revisión de la pauta de acumulación de reservas fijada para este año en U$S 4.800 millones”.
Finalmente desde Ecolatina analizan que “la continuidad y la sostenibilidad de la estrategia cambiaria planteada por el gobierno de cara a 2023 dependerá de la conjunción de varios elementos: la gravedad del impacto de la sequía sobre los volúmenes finales de exportación, la evolución de los precios internacionales de los commodities, la energía y los fletes, la dinámica de una economía mundial que desacelera, la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, la posibilidad de seguir acumulando crédito comercial para no castigar a la actividad económica, la volatilidad de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación asociadas a las elecciones, los incentivos que encuentre el gobierno para fomentar la liquidación de divisas del agro y la capacidad para conseguir nuevos fondos por el lado de la Cuenta Financiera”.
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