Acuerdo con el FMI: el organismo litigó contra la Argentina a través de un fondo buitre

El organismo, pese a no haber realizado una presentación formal, fue beneficiado por el acuerdo con los buitres alcanzado durante el macrismo, a través del que se pagó todo cash, más intereses y honorarios de bancos. 

31 de mayo, 2023 | 17.14

Una revisión llevada a cabo en los últimos días sobre la desordenada documentación que presentó el macrismo en referencia al acuerdo con los fondos buitre detectó un pago al Fondo Monetario, a través de una administradora externa privada que manejaba las cuentas de ganancias y de retiro del staff del organismo y que había litigado contra la Argentina. Un nuevo vistazo en lo estipulado en el acuerdo con los fondos buitre para pagar el inexplicable monto que pretendían, incluyó al FMI: dentro de esos fondos buitre que abrieron el ciclo más veloz y abultado de endeudamiento de la historia moderna, según el propio Banco Mundial, se encontraba el propio FMI con una de sus administradoras de capitales. Fue un círculo hecho a compás: el FMI apoyó a los buitre, Estados Unidos financió la elección de un presidente que le asegure un acercamiento al establishment y los deje endeudarse hasta que se vuelve impagable, y, entonces, aparece el Fondo --con Washington a la cabeza-- para salvar o hundir al país, según quién cuente la historia.

En momentos en que se espera renegociar con mayor fortaleza --descartada la desobediencia al convalidarse el cambio de programa--el irresponsable crédito que tomó el macrismo con el Fondo, técnicos del oficialismo del área legislativa y del Ejecutivo volvieron a revisar los convenios y condiciones firmados por Cambiemos en materia de financiamiento. Caben recordar dos hitos al respecto: el primero es que el grueso de la deuda se encontró mal listada, con enmiendas y sin los protocolos habituales en que se registran estos empréstitos; y 2) los programas a que se comprometió eran incumplibles para el repago mientras uno de cada tres dólares que ingresaban se fugaba en el acto. Pero cuando se revisaron los documentos de entonces nada parece ya sorprender. .


En aquella época, el Fondo Monetario Internacional felicitó al Gobierno por los cambios que realizó desde su asunción, por retomar las conversaciones con los fondos buitre, en referencia a los acuerdos alcanzados por Cambiemos. ¿Cómo no iba a estar contento? Si parte de esos buitres representaban intereses del staff del FMI y, además, abría la puerta a una negociación todavía más difícil: con el propio organismo.

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El acuerdo del macrismo para el pago a los fondos buitre fue ruinoso para el país, tanto por las condiciones en que se pactó el cierre del litigio (un pago cash por la totalidad de la deuda más intereses usurarios y hasta los gastos de sus abogados) como por la ventana que abrió para un raid de endeudamiento sin control que terminó con un préstamos histórico del Fondo Monetario. Si bien fueron todas medidas que se tomaron sin consulta al Congreso, desde el Ejecutivo, el endeudamiento macrista tuvo su puntapié inicial con la votación de ese acuerdo con los fondos buitre. 

Dentro del listado de beneficiarios de ese acuerdo se encuentra el Fondo Monetario, que tenía inversiones en el mercado argentino a través del fondo Stone Harbor Investment Partner LP, que les administraba un fideicomiso de inversión de beneficios para el staff del organismo y de un plan de retiro para estos burócratas.

De acuerdo con la documentación enviada en su momento a la Comisión Bicameral del Análisis de la Deuda, que encabezaba el ex diputado Rodolfo Tailhade, el fondo buitre que fue compensado por el macrismo administraba desde 2007 para el FMI un International Monetary Fund Retired Staff Benefits, con tenencias en valor nominal por 11.837,41 euros y 209.000 dólares. También administraba el Fund Staff Retirement Plan por 529.464,42 euros y 1.101.000 dólares para el organismo multilateral.

Si bien en la documentación aparece listado el FMI, como tal, sobre esta deuda reconoce "no haber acción legal o arbitraje pendiente" y "no se dictó sentencia pecuniaria o laudo arbitral". El litigio lo llevó a cabo Stone Harbor.

Qué es Stone Harbor

Previo a la asunción en diciembre de 2015, quienes después fueran funcionarios del gobierno de Cambiemos, habían iniciado una ronda de negociación con el beligerante grupo de fondos buitre. Luis Caputo (luego secretario de Finanzas), Alfonso Prat-Gay (breve ministro de Economía del macrismo) y Santiago Bausili (directo del Banco Central) iniciaron los encuentros en Estados Unidos y el fondo Stone Harbor fue uno de los primeros al convite.

Entre sus cuentas institucionales, Stone Harbor manejaba el fondo de inversión para el retiro de los empleados de alto rango del FMI, que es una cuenta cuya sede está en el edificio del Fondo y que administraba un ejecutivo del propio organismo que entonces lideraba Christine Lagarde. Más allá de la "tercerización" de sus inversiones, el Fondo formó parte de un grupo de inversores especulativos que, en su mayoría, operan desde guaridas fiscales, como las oficina de Islas Caimán.

"Durante las últimas tres décadas, Stone Harbor ha establecido un historial distinguido, trabajando en estrecha colaboración con instituciones globales para proporcionar exposiciones de inversión en todo el espectro crediticio. Esta experiencia da como resultado una perspectiva única de las necesidades de una amplia gama de inversores, consultores e intermediarios financieros. Ofrecemos soluciones de cartera personalizadas para instituciones, así como varios vehículos para cumplir con los requisitos individuales de los clientes", se presenta Stone Harbor.

Dentro de su cartera de inversiones se encuentran colocaciones en mercado emergentes y de alto riesgo, apostando a "cambios específicos (de esos mercados) en la calidad crediticia, la dirección de la política monetaria, precios de materias primas, expectativas de crecimiento global y en el nivel general de aversión al riesgo. "Creemos que en condiciones normales de mercado, así como durante períodos de dislocación del mercado, existen amplias oportunidades para estas operaciones", aclara. 

Reconoce que esos activos pueden ser más volátiles o verse más afectados por condiciones negativas que los de sus contrapartes en mercados extranjeros más establecidos, pero se privilegia la "rentabilidad" de esa inestabilidad, aunque advierte a los inversores por "riesgos de una posible pérdida de capital". Sin embargo, estos fondos nunca pierden, mientras haya gobiernos que no litiguen seriamente contra estos.

Harbour Investment Partners, un administrador afiliado de Virtus Investment Partners, dedica al crédito global con sesgo en deuda de mercados emergentes y desarrollados. Casualmente, el año pasado la gestora estadounidense Virtus Investment Partners oficializó su llegada a Latinoamérica con un fondo global growth (crecimiento) de la firma que, junto con el resto de la gama, empezará a distribuirse en Uruguay, Chile y Argentina.

Herencia multimillonaria

Luego de años de apelaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner, el macrismo apenas asumió aceptó pagarle a los fondos buitre. El Segundo Distrito de Nueva York notificó a la Argentina sobre el valor pretendido por un grupo de fondos buitre que había iniciado acciones contra la Argentina por títulos públicos defaulteados en 2001 la valorizó en 224,2 millones de dólares la demanda actualizada de dos fondos buitre (Attestor Master Value y Trinity Investments). En tanto, alcanzó un acuerdo con 35 clientes del fondo Stone Harbor Investment Partners por 127 millones de dólares.

Finalmente, el gobierno de Macri puso a disposición 4653 millones de dólares para pagarle a los buitre que encabezaban la demanda contra la Argentina por sus tenencias en bonos defaulteados desde 2001. "Hasta los honorarios de los abogados le pagaron", alertaba entonces la vicepresidente Cristina Fernández por Twitter en referencia al pago cash del macrismo por la totalidad de lo demandado por los buitres, más las costas.

“En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo en ese momento Prat-Gay, al anunciar junto Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que no se discutió el capital nominal. Cabe recordar que los buitres habían comprado la deuda por centavos, dado que lo hicieron después que la Argentina declaró la cesación de pagos de su deuda.

El resultado final de esa votación fue que el macrismo endeudó al país a un promedio de 32.500 millones de dólares por año, triplicando del ritmo de emisión que dejaron juntos la dictadura cívico-militar, el menemismo y la Alianza entre 1976 y 2001 (7192 millones por año). Este festival de bonos que inició el gobierno de Cambiemos no tuvo como destino financiar obras de infraestructura ni potenciar la producción, sino que su destino fue asegurar la fuga de capitales. 

El festival de bonos finalizó en 2018, cuando las condiciones económicas y financieras del país daban cuenta de la imposibilidad de que pudieran ser repagadas y le cerró la puerta a la Argentina. Acto seguido, el gobierno de Macri acudió al Fondo y obtuvo el mayor préstamo en la historia del organismo (45.000 millones de dólares). El círculo se cerró y la llave para destrabarlo sigue estando en la posibilidad de una discusión en la que estos elementos, junto a otros tantos ya conocidos, se expongan sobre la mesa de negociación con el Fondo.