Como resultado de las tareas de control y fiscalización realizadas por distintas áreas de la AFIP, 176 contribuyentes perdieron los beneficios del blanqueo de activos no declarados que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. Una parte significativa de los casos analizados y procesados corresponden a funcionarios y sus familiares a quienes la ley no les permitía ingresar al blanqueo. También perdieron los beneficios del blanqueo, individuos a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados.
La identificación de bienes y activos omitidos por los contribuyentes que ingresaron al blanqueo fue posible gracias a la explotación de la información recibida por la AFIP a través del intercambio automático de información previsto por la OCDE. El trabajo realizado por los inspectores de la DGI-AFIP en todo el país dio lugar a reclamos por diferencias de impuestos por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Los contribuyentes que perdieron los beneficios del blanqueo ya comenzaron a pagar para regularizar su situación.
El blanqueo inicialmente permitía que ingresaran al blanqueo gobernadores, intendentes, jueces y legisladores, así como familiares de todos los funcionarios, esto se cambió durante el debate legislativo. Sin embargo, se conoció luego el ingreso al beneficio de familiares del propio ex presidente Mauricio Macri, señalaron a El Destape fuentes oficiales.
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Cómo se descubrieron
Si bien el blanqueo de capitales promovido durante el gobierno anterior estuvo vigente entre julio de 2016 y marzo de 2017, las fiscalizaciones recién comenzaron en octubre de 2019. La temporalidad de los hechos pareciera revelar no sólo que las autoridades de la AFIP demoraron más de dos años en analizar irregularidades asociadas al blanqueo sino que recién activaron los procedimientos cuando la derrota electoral de Cambiemos estuvo confirmada, explicaron desde el equipo económico
La investigación de aquellos blanqueadores a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados no fueron abiertos sino hasta enero de 2020. Esto es, una vez que comenzó la gestión de Mercedes Marcó del Pont. De esta forma, los casos comenzaron a abrirse alrededor del país a finales de 2019 pero las tareas de fiscalización que dieron lugar a los 176 decaimientos se desarrollaron durante el gobierno de Alberto Fernández.
¿Cuáles son las causales de decaimiento de los beneficios de la ley 27.260? Los casos iniciados entre octubre y noviembre de 2019 donde finalmente se detectaron y corroboraron incumplimientos son contribuyentes que no podían blanquear por tratarse de personas condenadas por delitos comunes, condenadas por la ley penal tributaria, declarados en quiebra, funcionarios públicos y familiares de funcionarios públicos.
A partir de enero de 2020, la AFIP inició también fiscalizaciones sobre contribuyentes blanqueadores a los que se les detectaron bienes y tenencias no declaradas.
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El castigo por la opacidad
Los datos que permitieron avanzar en dichas fiscalizaciones provienen del intercambio automático de información relativa a cuentas financieras establecido por la OCDE. En estos casos se produce el decaimiento cuando los bienes o tenencias no declaradas detectadas tengan un valor mayor a 305.000 pesos o superior al 1 por ciento de los bienes exteriorizados.
Sobre el universo total de fiscalizaciones iniciadas, la DGI dispuso el decaimiento de los beneficios en 176 casos en todo el país.
Además de perder los distintos beneficios previstos en el blanqueo, se les reclaman las diferencias por los impuestos impagos (Bienes Personales, Ganancias y/o IVA) correspondientes a los períodos anteriores al acogimiento del régimen. La AFIP les reclama una diferencia de impuesto cercana a los 100 millones de pesos, deuda que los contribuyentes ya comenzaron a ingresar.
Existe un universo de otros 36 contribuyentes donde las tareas de fiscalización no determinaron el decaimiento de los beneficios del blanqueo pero sí dieron lugar a un ajuste de impuestos por 5 millones de pesos.
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