La justicia ordenó cuatro allanamientos que se realizaron hoy en la ciudad santafesina de Avellaneda en una causa por denuncias de presunta administración fraudulenta en la agroexportadora concursada Vicentin, que instruye el mismo fiscal de Rosario que imputó por asociación ilícita y estafas millonarias al exdirectorio de la firma, informaron fuentes judiciales.
Las requisas policiales se realizaron en la sede de la empresa Vicentin en Avellaneda, en un domicilio denunciado como sede social de una sociedad de uno de los imputados y en dos domicilios particulares vinculados a personas investigadas, dijeron a Télam fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los pedidos de allanamiento fueron realizados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, Miguel Moreno, quien persigue la pista de una presunta administración fraudulenta, añadieron los informantes.
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El vocero consultado por esta agencia detalló que se trata de “nuevas denuncias que ingresaron a la Unidad de Delitos Complejos”, formuladas por los propios accionistas de Vicentin.
Las presentaciones se realizaron en octubre pasado y el fiscal Moreno entendió que existían elementos para investigar un presunto fraude administrativo de los directivos de la empresa a los propios socios.
En octubre de 2021 el fiscal Moreno imputó a 12 directivos de la agroexportadora por defraudación y estafas, al entender que falsearon datos en los balances de Vicentin SAIC, previos a su concurso en marzo de 2020.
En aquella ocasión fueron acusados formalmente los directivos Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza.
Eran quienes ocupaban el directorio de Vicentin SAIC hasta fines de 2019, cuando la empresa adujo “estrés financiero” y se declaró en cesación de pagos.
Moreno les atribuyó 37 hechos de estafa cometidos entre enero de 2017 y diciembre de 2019 por medio de “la utilización de un plan de puesta en escena de empresa solvente y confiable de Vicentin, destinado a generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.
En el mismo sentido estimó el perjuicio económico para los bancos nacionales en U$S500 millones, mientras que en el caso del Banco Macro, la estafa habría alcanzado los 508 millones de pesos.
Al año siguiente, el mismo fiscal amplió esa acusación por el delito de asociación ilícita e incluyó en el caso, por presunto encubrimiento, a los tres miembros de la Sindicatura del concurso.
Los allanamientos practicados hoy procuran buscar información sobre una presunta administración fraudulenta, a partir del pedido de constitución como querellantes de accionistas de Vicentin que se sintieron engañados por el directorio.
Tras su propio pedido de concurso preventivo de acreedores en febrero de 2020, el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, abrió el proceso en marzo y verificó créditos por unos U$S1.500 millones.
Luego de un largo proceso, la empresa presentó una propuesta de pago y solicitó la homologación por parte del Juzgado, cuyo titular la rechazó por abusiva y abrió el período de cramdown o salvataje.
Sin embargo, los abogados de Vicentin apelaron esa resolución y la Cámara Civil y Comercial de Reconquista debe resolver si confirma el fallo de primera instancia u homologa el acuerdo de pago de la aceitera.
Fuentes judiciales indicaron que esa resolución se conocería recién en febrero del próximo año, tras la feria judicial de enero.
Con información de Télam
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