El Juzgado Federal de la localidad correntina de Goya realizó un allanamiento en fincas dedicadas a la producción hortícola, donde organismos nacionales detectaron trabajadores en situación de explotación laboral, informó hoy el titular del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la región Noreste Argentino (NEA).
El allanamiento se efectuó en una finca en la zona rural de Lavalle, de propietarios de origen boliviano y argentino y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.
Realizaron el operativo junto a representantes de organismos nacionales como el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, AFIP, Renatre, Migraciones, detalla el informe oficial.
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El delegado del NEA del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de la Jefatura de Gabinete de la Nación, José María Servín, detalló que se detectó en el lugar a cuatro trabajadores que "no estaban registrados laboralmente, no gozaban de sus derechos ni garantías laborales como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios y tampoco algún seguro por la actividad que desarrollan".
Respecto del salario, el funcionario señaló "el pago por el trabajo se realizaba por productividad, sin sumas fijas de sueldo y fuera de la escala salarial por Convenio Colectivo de Trabajo y sin horas establecidas de jornada laboral".
Los trabajadores del lugar tampoco tenían los "elementos de seguridad para las tareas y las condiciones habitacionales eran precarias".
Por otra parte, Servin explicó que a partir de la detección de la explotación laboral "el Estado activa prestaciones de asistencia para estos trabajadores".
"Inmediatamente se activan las prestaciones del Renatre, del Ministerio de Desarrollo Social, varias asistencias que están contempladas dentro del Plan Bienal de Lucha contra la Trata", precisó en declaraciones a Télam.
Finalmente, detalló que "los organismos nacionales colaboraron con la pesquisa y recolección de pruebas para la causa penal" y "los trabajadores fueron entrevistados por personal especializado del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia".
El operativo fue ordenado por la jueza Cristina Pozzer Penzo, el marco de una denuncia al 145 que inició la causa FCT 3433/2023 caratulada: "imputado: Benítez Cuenca, Dionisio y otros s/infracción a la Ley 26.364", informó el Comité Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.
Con información de Télam
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