La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció este jueves que se presentará en las causas presentadas por la CGT y la CTA en apoyo a la aplicación del capítulo laboral del DNU, que fuera suspendido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La presentación de la central fabril será en calidad de amicus curiae, figura que permite participar a terceros ajenos a un proceso judicial que tienen conocimiento y competencia sobre la cuestión.
En un comunicado, la UIA indicó que se presentará "con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación laboral, ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias". Las reformas planteadas "configuran el camino correcto hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", expresó.
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Asimismo, la central empresaria apuntó que "en la actualidad sólo seis millones de personas tienen empleo formal en Argentina, lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados". La UIA recordó que en la campaña electoral "había presentado las propuestas de su Libro Blanco a todos los candidatos presidenciales" y, entre ellas, destacó "la reducción de la litigiosidad que afecta principalmente a las pymes, la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal".
También enumeró "el fomento del nuevo empleo a partir de la reducción de cargas laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales; entre otras políticas que afectan la sustentabilidad de las empresas y la creación de puestos de trabajo".
En ese sentido, valoró que entre las iniciativas del capítulo laboral del DNU figuran "la eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales".
Con información de Télam
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