El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 -denominado por el Gobierno "plan de desregulación económica"- incluyó la derogación de una serie de leyes, entre ellas tres que regulan "excesivamente" la actividad vitivinícola.
En los considerandos, el DNU señaló "que varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley 22.667 de reconversión vitivinícola".
La primera, sancionada en 1970, reguló los contratos de elaboración de vino, definiendo las normas que regirán los contratos por los sistemas de "contrato de elaboración por cuenta de terceros", "a maquila" o "por cuenta del viñatero".
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La segunda, también sancionada en 1970, instituyó la denominada "política vitivinícola nacional", que buscó la integración vertical, la diversificación, la formación de un stock que permita mantener una política exportadora a largo plazo, el fraccionamiento en origen a través de exenciones impositivas, créditos y tarifas especiales.
La última, de octubre de 1982, reguló la elaboración del vino y el mosto, como la cantidad de uva por litro que debe tener el producto, el proceso de destilado; y le da al Instituto Nacional de Vitivinicultura el rol de contralor, fiscalizador y autorizador de los traslados locales e interprovinciales de los productos vitivinícolas.
Al analizar las medidas, el presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Carlos Fiochetta, dijo que "a golpe de ojo" no debería tener un impacto importante en el sector, ya que se tratan de leyes antiguas, y que se pueden suplir por normas provinciales.
"La más utilizada es la de elaboración de vinos, que establecía la relación entre los viñateros y los bodegueros; muchas veces se paga la uva con vino elaborado, y esta ley establecía el formato de los contratos y demás; no establecía nada sobre montos; de ahora en adelante, seguramente se negociará con ley de contratos generales, en la que se pondrán de acuerdo entre privados", explicó Fiochetta al diario El Sol de Mendoza.
Por su parte, Gustavo Samper, de la Cámara Vitivinícola de San Juan, expresó que en el sector "hay mucha incertidumbre".
"Cuando pase unos días vamos a saber bien de qué se trata; hay varias leyes que abordan la temática del vino, y no sabemos bien a cuál de todas las leyes que tienen que ver con el vino se refiere", comentó Samper al diario El Zonda de San Juan.
Con la derogación de la Ley de Política Vitivinícola Nacional, se le quitaría parte del poder de policía que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), afirmó uno de los ministros del gobernador Alfredo Cornejo a Mendoza Post.
Consultadas por Télam, otras fuentes del sector indicaron que están estudiando el decreto para conocer el impacto real y pidiendo precisiones al Gobierno nacional para conocer el alcance junto con el reclamo en marcha por el tema retenciones.
Las medidas comprendidas en el DNU no tienen que ver con las retenciones a las exportaciones que tienen que pagar el sector que, según se informó, será de 8% luego de estar casi tres meses en un 0%.
Al respecto, desde Bodegas de Argentina manifestaron hoy su "preocupación" por la anunciada restauración de las retenciones a los productos del sector ya que "aplicar derechos de exportación al vino, cualquiera sea su valor, tornan al negocio inviable y genera impacto socio económico negativo".
Con información de Télam
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