El decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional cosechó apoyos y rechazos desde los distintos sectores comprendidos en las medidas.
El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios encargados de la redacción del DNU, defendió hoy la iniciativa y consideró que busca “marcar un cambio de rumbo”.
En declaraciones a radio Mitre, Sturzenegger indicó que la clave del decreto es fomentar la “competencia” y adelantó el “inminente” envío al Parlamento de la norma para reformar el Estado.
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Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó anoche su apoyo a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional.
"Coincidimos con lo planteado por el presidente Javier Milei respecto a los perjuicios de un Estado omnipresente -que asfixia al sector privado y de este modo condena a nuestro país al atraso- y a la necesidad de desregular muchos aspectos de nuestra economía", afirmó el presidente de la entidad, Natalio Mario Grinman.
La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, consideró que las reformas en materia laboral incluidas en el DNU que publicó el Gobierno "brindan previsibilidad y sustentabilidad a los procesos productivos y mejoran las condiciones de empleabilidad y respeto a la iniciativa privada".
"Las modificaciones implementadas muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles", sostuvo la entidad fabril en un comunicado.
La UIA ponderó que las modificaciones incluidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) propicien "la creación de empleo formal" y que garanticen "la provisión de servicios esenciales y de importancia trascendental, a la vez que sancione expresamente los bloqueos a empresas".
Sobre el resto de las medidas para el sector fabril comprendidas en el DNU, desde la UIA dijeron que "los departamentos técnicos continuarán analizando en los próximos días las implicancias del decreto en otros aspectos, más allá de lo laboral, y comunicarán sus conclusiones".
Desde el lado de las pymes, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Gustavo Casciotti, consideró hoy que el DNU que firmó el presidente Javier Milei "es un jaque mate para la industria nacional y para el mercado interno".
Casciotti aseguró que estas medidas pretenden "barrer leyes que le otorgan al Estado el poder y la facultad de propiciar equidad para favorecer el desarrollo de la industria nacional todo este plexo legal se pretende borrar de un plumazo, y entendemos que vamos hacia una sociedad donde visualizamos una verdadera bandera de remate del Estado nacional".
Por el lado de las entidades del campo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo que es "beneficioso" para el sector agropecuario que el presidente Javier Milei haya planteado en su anuncio de anoche a través de cadena nacional "sacar trabas a las exportaciones".
"No veo que haya ningún tipo de beneficios para el campo en sí, aunque veo beneficioso que habló de desburocratización, sacar trabas a las exportaciones", marcó Pino.
Por el contrario, la Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, al considerar que las iniciativas que contiene la norma "deberían ser debatidas por el Poder Legislativo" y criticó de manera especial la derogación de la Ley de Tierras, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
"Desde FAA ratificamos nuestro compromiso republicano. Por ello, creemos que es fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé nuestra Constitución Nacional, pues ella impide el avasallamiento de un Poder sobre el otro", dijo la entidad agraria en un comunicado.
Al respecto, consideró que las "acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al Gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible".
Otro sector involucrado en las medidas, el inmobiliario, salió a respaldar la derogación de la Ley de Alquileres al considerar que el mercado debe funcionar con "acuerdos libres entre privados".
"Desde el sector inmobiliario estamos satisfechos respecto de la derogación de la Ley de Alquileres; desde siempre sostuvimos que el Estado no debía inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos esta medida", dijo a Télam Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario.
En cambio, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, denunció que "establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje, que ya no hay plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de vivienda, nos van a poder hacer firmar contratos por 15 días, un mes o dos".
Para el presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, Fernando Savore, "la ley de Góndolas no se venía cumpliendo", y consideró que "el que va a regular el mercado es el consumidor" y, en declaraciones a TN Noticias, adelantó que "nos espera un enero y febrero con caída de ventas muy importante".
En el caso de la medicina prepaga, el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló hoy que el sistema, como venía funcionando, “lo iban a chocar con una montaña”.
Belocopitt afirmó que ya está previsto un aumento del 50% en las cuotas determinado por el Índice de Costos de Salud, cuya atribución del Estado se derogó con el DNU; “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos que tenemos va a estar entre 40% y 50%"..
Por su parte, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, sostuvo que las modificaciones realizadas por el Gobierno que habilita la comercialización de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias "puede derivar en la automedicación, incrementos de precios en medicamentos y cuestiones éticas profesionales".
En el caso de los servicios de internet satelital, la liberación generará un cambio en el mercado de la comunicación en la Argentina y podría beneficiar a ciertos sectores productivos, afirmó hoy Carlos Blanco, director de Análisis de Mercado de Dataxis para América Latina.
Con información de Télam
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