El Ministerio de Economía derogó y modificó hoy diversas normativas eliminando la necesidad de que los fabricantes e importadores de textiles, prendas y calzados realicen declaraciones juradas sobre la composición de sus productos, un trámite que generaba costos por US$ 5 millones anuales en el sector.
Lo hizo a través de la Resolución 49/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, la cual deroga y modifica diversos artículos de las resoluciones 26/1996, 850/1996, y 404/2016 que reglamentaban estas declaraciones juradas.
La medida no sólo alcanza al calzado y los textiles terminados sino también insumos como hilados y tejidos.
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En 1995 se había establecido que todas las prendas, confecciones y calzados posean una etiqueta de tela donde se especifique el lugar de producción, los nombres del exportador e importador en el caso que provengan del exterior, y la composición porcentual de las fibras o materiales, con el objetivo de permitir controles y determinar los responsables legales del cumplimiento de las normativas vigentes.
Posteriormente se instrumentó una Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP) -con validez de 180 días- para respaldar la veracidad de la información que se suministra en el etiquetado como condición previa para comercializar el producto, en la cual también se pueden requerir muestras del mismo.
El objetivo de esto era que los consumidores reciban información correcta y no sean inducidos a engaños sobre los materiales de los productos que adquiere.
La resolución de hoy elimina esta declaración jurada con el objetivo de "simplificar y reducir los trámites administrativos", logrando así "una mayor fluidez y facilidad en la operatoria comercial", se señala en los considerandos.
Según indicó la Secretaría de Comercio en un comunicado, se trataba de una "medida burocrática" que representó para el sector un costo de US$ 5 millones por año y, sólo en 2023, implicó la realización de un millón de trámites.
Además -recalcó el área- la información que se debía presentar en las declaraciones juradas era redundante porque la composición porcentual y el material de los productos ya está detallado en las etiquetas, las cuales seguirán siendo un requisito para comercializar textiles.
"El régimen era uno más de los controles excesivos que estaban bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, el cual consistía en que las empresas brinden información sobre la composición y origen de cada tipo de producto que se fabrica con el fin de repetir lo que ya se declara en las etiquetas de cada prenda o calzado", indicaron.
Una problemática de las declaraciones juradas era que, producto de una "administración ineficaz", los importadores debían completar distintas declaraciones para prendas iguales, pero de distinto talle, entre otras diferencias menores.
De acuerdo con la Secretaría, esta declaración jurada era la que generaba "el mayor número de trámites" dentro del área.
"Con esta iniciativa de desburocratización se simplifica el proceso de importación para el sector textil y de calzado, aliviando los costos de las empresas y de los consumidores que luego compran el producto terminado sin impuestos ocultos", destacó Comercio.
Por otro lado, otro de los puntos controversiales de la DJCP era que, bajo requerimiento "adicional y discrecional" de Comercio, las empresas podían ser obligadas a realizar ensayos de sus productos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un trámite que demoraba no menos de 60 días y que aumentaba los costos de producción pues podía llegar a costar hasta US$ 100 por ensayo.
Los ensayos seguirán disponibles como opción para aquellos importadores cuya mercadería no cuenten con etiqueta e información acerca de la composición de los productos.
En la misma línea que la medida de hoy, Comercio derogó a fines de enero 69 normas -en su mayoría relacionadas con el programa Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento- con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".
"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", había señalado el secretario, Pablo Lavigne, en ese entonces.
Estas derogaciones eran el resultado de una primera etapa de relevamiento, según se indicó, a la que luego seguirán otras medidas del mismo orden como la de hoy.
Con información de Télam
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