La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) celebró hoy los 100 años de la sanción de la primera ley antimonopolio en la Argentina, con un acto en el que participaron el presidente del organismo, Rodrigo Luchinsky, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.
"Estamos celebrando esta tarea, a todo el mundo anti trust que siempre es muy ávido del debate esperamos que sea una celebración, una instancia para empezar a delinear qué es lo que nos va a deparar la defensa de la competencia en los próximos cien años", dijo Luchinsky en la apertura del acto que se realizó en el auditorio del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La primera norma antimonopolio en la Argentina fue la Ley 11.210 sancionada en agosto de 1923, inspirada en la Ley Sherman Antitrust (en inglés, Sherman Antitrust Act), publicada el 2 de julio de 1890, que fue la primera medida del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios.
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Actualmente, luego de distintas leyes a lo largo de los últimos cien años, rige la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC) que "prohíbe las prácticas anticompetitivas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general".
Luchinsky consideró que "esta conmemoración es un disparador, nuestro país fue vanguardista a nivel latinoamericano en generar una norma para la represion de los trust y el sistema jurídico hace poco elevó casi a categoría de principio de derecho el abuso dominante como una especie de abuso de derecho".
Identificó "desafíos urgentes" por delante, entre los que señaló la necesidad de pensar la defensa de la competencia "en términos de política pública" y dijo que "en una economía con mercados altamente concentrados, principalmente aquellos que afectan el consumo popular hay que repensar el concepto de posición dominante".
Además, consideró que "es preciso avanzar en una mayor consolidación institucional de nuestra materia" y que "falta de instalación de nuestra materia en la opinión pública".
A su turno, el abogado Pablo Lepere, vocal de la CNDC, cuestionó si "la defensa de la competencia es una herramienta de política económica" y sostuvo que "si es una herramienta de política económica, es razonable que pensemos cómo alineamos los objetivos".
Otra expositoras, la vocal de la CNDC, Balbina Griffa, habló de la introducción de la "figura del informe de objeción" que se realizó en 2020 y "es un paso administrativo que puede hacer la Comisión cuando se le presenta una operación que le preocupa, que puede restringir la competencia".
"Entre 2020 y 2022 recibimos 152 notificaciones de fusiones y adquisiciones y de 152, esta Comisión identificó nueve operaciones que le generaron preocupación desde la perspectiva de la competencia" de modo que "esta Comisión que inauguró esta herramienta hace una valoración muy positiva que transparentó el proceso y da un orden al procedimiento que es muy importante", agregó.
Por último, el consultor en materia de diseño de instituciones públicas dedicadas a la regulación Marcelo Celani se refirió a los "desafíos de las nuevas tecnologías" en materia de regulación de la competencia dado que "las plataformas la novedad que traen es que son organismos que crecen a partir de efectos de red".
"Las personas quieren estar en las redes donde están los demás, tienen un fenómeno de crecimiento endógeno" por lo cual "las posiciones de dominio se construyen de una manera distinta a la que siempre hemos pensado el anti trust".
"Es un fenómeno muy complejo para el que la doctrina tradicional de anti trust no estaba preparada; tenemos que defender lo que se ha hecho sabiendo qué hay cosas para modificar pero hay mucho hecho y se han hecha cosas bien", concluyó Celani.
Con información de Télam
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