Representantes de las entidades bancarias que asistieron hoy a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en la que se debate el proyecto de ley aprobado en Diputados en julio pasado que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA coincidieron en asegurar que el monto de la mora es “muy bajo” y responde a un “minúsculo” grupo.
La audiencia de hoy fue la continuación de la que se llevó a cabo ayer con los tomadores de créditos que reclamaron una solución a los problemas que tienen con los bancos, tanto públicos como privados.
Al finalizar el encuentro, los legisladores resolvieron pasar a un cuarto intermedio para la semana que viene con la intención de debatir la cuestión en otra reunión de comisión en la que podría llegarse a la firma de uno o varios dictámenes.
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El primero en hacerse presente en el Salón Arturo Illia del Senado fue Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (AdeBA), quien aseguró que “preocupan los créditos del presente y los del futuro” y afirmó que “sólo queda dar créditos indexados, que son muy poquitos por culpa de la inflación”.
Además, aseveró que “muchos de los que accedieron a crédito UVA están pagando, pueden pagar y, si miran las relaciones de valor de su propiedad, no están en una situación tan mala” porque “en la práctica, no hay ejecuciones hipotecarias”.
No obstante, agregó que “es un crédito que no se licúa como otros” y añadió que “todo el mundo sabía que el crédito se iba a ajustar por inflación”.
A su turno, Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, enfatizó que “120 mil familias sacaron su préstamo” y que “al día de hoy están en situación irregular, de 8.914 préstamos hipotecarios, sólo 164 que representan a 1,8% de los deudores” de la entidad.
Rossi calificó que la situación “no es un problema de una magnitud relevante”, evaluó que “un banco público nunca va a ejecutar a un deudor que manifiesta voluntad de pago” y conjeturó que “un fondo compensador simétrico podría ser una solución”.
Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), anunció que “a pesar de todo, la gente sigue adquiriendo créditos UVA” y destacó que “en julio se otorgaron 4.700 millones de pesos”.
Además, señaló que “a mayo, la mora es del 1,2 en hipotecarios, del 2,2 en tarjetas de crédito, 2,7 en prendarios y 4,6 personales” y sentenció: “La mora en Argentina es bajísima”.
“Están queriendo ayudar a un colectivo minúsculo, aunque complicado porque la gente tiene miedo de perder la casa, con un proyecto de ley que no sirve. Al crédito UVA, como instrumento, le tengo confianza. Lo que hay que hacer es bajar la inflación”, advirtió.
Mariano Beltrani, subgerente general de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia, contó que “el banco tiene 14.800 créditos hipotecarios UVA activos”, aunque destacó que “la línea ha sido suspendida”.
En cuanto a la mora en el pago, Beltrani confirmó que es baja al mencionar que “es de 2%” y resaltó que “lo que se ve en el último año es una reducción importante, porque antes era de 2,7%”.
Martín Di Bella, director del Banco de la Nación Argentina, precisó, en cambio, que el atraso en los pagos de los más de 48 mil créditos otorgados por la entidad en la que trabaja “es de 0,88%”.
El proyecto de ley que tiene en estudio la Cámara de Senadores promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA en base al planteo de que la cuota a abonar no deberá superar 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.
Uno de los principales puntos del proyecto es el que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el Gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
La iniciativa dispone además la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar 30% de los ingresos de los deudores.
Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Además, el proyecto prevé la creación de un fondo fiduciario para hacerse cargo de hasta tres cuotas del crédito en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral.
Con información de Télam
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