La Comisión Nacional de Valores (CNV) requerirá a las sociedades de bolsa que informen, con una periodicidad semanal, sobre operaciones de inversores extranjeros en el mercado local, luego de que desde la semana pasada se detectaran operaciones por volúmenes altos de esta clase de clientes.
La medida fue dispuesta a través de la Resolución General 978 publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que se exige a los Agentes de Negociación o Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) que informen de operaciones de clientes que posean CDI (Clave de Identificación) o CIE (Claves de Inversores del Exterior) y, a su vez, sean titulares o cotitulares de una o más subcuentas comitentes.
La medida afecta solamente a un pequeño grupo de inversores extranjeros que utilizan esa denominación fiscal, que no es CUIT, explicaron a Télam fuentes oficiales, que detallaron que la decisión se tomó luego de que la semana pasada se detectaran operaciones por volúmenes altos de sociedades que compraban títulos y valores negociables utilizando esa denominación fiscal.
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Según las fuentes, las operaciones -aunque no son ilegales- no permitían identificar con claridad quienes eran los jugadores y para quién estaban comprando, por eso se solicitó esta información adicional.
En concreto, el informe que presenten las sociedades de bolsa deberá detallar las operaciones concertadas en mercados regulados para clientes del exterior -que tienen CDI o CIE-; las transferencias emisoras y receptoras de valores negociables realizadas por dichos sujetos que no respondan a liquidación de operaciones; y los recibos o retiros de pesos y/o moneda extranjera, tanto transferencias bancarias como cheques físicos o e-cheqs, realizados por dichos sujetos.
Exige que ante las operaciones para clientes del exterior -que tienen CDI o CIE-, las sociedades de bolsa requieran a sus clientes una Declaración Jurada donde expresen que las operaciones se realizan con fondos propios y, en el caso de los clientes que actúen como intermediarios de clientes argentinos, enviar a la CNV con tres días de anticipación un detalle sobre el tipo de operación, el monto, y las especies o instrumentos utilizados.
El plazo para informar a la CNV será dentro de los tres días hábiles de terminada cada semana y se hará a través de la Autopista de Información Financiera.
El objetivo de la medida, según consta en la RG978, es mantener una política que permita detectar y minimizar la potencial evasión de las normas prudenciales dictadas por el BCRA vinculadas al ámbito del mercado de capitales y, consecuentemente, fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real.
Según consta en la Resolución, el Banco Central le informó ayer a la CNV que “detectó un incremento en el volumen de negociación por parte de inversores extranjeros identificados por CIE o CDI”, y solicitó que “se arbitren los medios para forzar los mecanismos de supervisión con el objetivo de identificar si el incremento del volumen de negociación de los sujetos mencionados se corresponde con posibles maniobras elusivas”.
El pasado sábado, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, al ser consultado por los recientes repuntes de la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL), precisó que “hubo cuatro operadores del exterior que estuvieron operando muy fuerte en el CCL, comenzaron a operar de un día para otro, y que ni siquiera tenían CUIT en Argentina”.
“Ayer cuando bajó a US$ 809 volvieron a operar fuerte para subirlo. Ya la CNV y la AFIP están tomando decisiones al respecto”, afirmó.
Ambos organismos realizaron un operativo de control en las compañías que lideran el mercado bursátil, analizando 78.000 operaciones que representan más de $645.000 millones.
La AFIP analizó la capacidad financiera que poseen los clientes de los agentes de bolsa y evaluando la información que surge de las declaraciones juradas y otras entidades públicas y privadas, fiscalizando a aquellos contribuyentes que no justifiquen el origen de fondos y reportando aquellas operaciones aisladas o reiteradas que no tengan justificación económica o jurídica.
Con información de Télam
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