Por Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La humanidad se encuentra en medio de una transformación sin precedentes: más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas, y esta cifra se encuentra en constante aumento. En efecto, la población urbana mundial llegó a representar el 30% de la población total en 1950, pasando al 57% en 2021 y se prevé que para 2050 alcanzará el 68%, mientras que la proporción de la agricultura en el PIB mundial disminuyó del 5,3 al 4,2 por ciento.
En este contexto, Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo y, como tal, tiene el enorme desafío de transformar a sus ciudades en espacios de oportunidad.
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Las ciudades se erigen como centros de innovación, educación y empleo, atrayendo a personas en busca de una vida mejor, y se observa que los países con una alta proporción de población urbana son a menudo más prósperos que los países con una gran población rural, pero no siempre es así. El éxodo hacia las ciudades también plantea desafíos significativos, en particular para la seguridad alimentaria.
Frente a esta realidad el desafío que afrontamos es ¿cómo garantizar la seguridad alimentaria en un mundo cada vez más urbano que se enfrenta a la crisis climática, riesgos ambientales, conflictos y aumentos en los precios de los alimentos?
La FAO conjuntamente con otras agencias y programas de Naciones Unidas han concentrado sus esfuerzos para estudiar este tema en el último informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2023)(1). Allí se calcula que entre 691 y 783 millones de personas en el mundo padecieron hambre en 2022, lo que nos obliga a afrontar este desafío de manera proactiva y estratégica. Asimismo, resalta que, además de generar resiliencia frente a múltiples crisis, en todos nuestros esfuerzos de transformación se debe tener en cuenta una megatendencia como la urbanización. Esto implica que se debe considerar la creciente conectividad a través del continuo rural-urbano, y el hecho de que las acciones, políticas e inversiones deben orientarse a lo largo de este continuo.
En Argentina, según indica ONU-Hábitat (2), el 92% de la población total estimada a 2018 vivía en zonas urbanas. Sin embargo, el 47,6% de la población urbana del país se concentra en sólo 8 aglomerados con predominio del área Metropolitana de Buenos Aires.
Debido a una planificación deficiente, el crecimiento urbano condujo a la dispersión urbana y, a menudo, a la falta de infraestructura, movilidad deficiente, fuertes desigualdades en el acceso a la tierra y un sistema de productividad que ha tenido importantes impactos sobre los recursos naturales, tanto que se estima que alrededor de 12 millones de personas viven en zonas vulnerables.
Para corregir este proceso, la política urbana nacional para Argentina (3) sienta las bases del desarrollo urbano sostenible con el objetivo de lograr para 2040 un territorio equilibrado y ciudades habitables, seguras, resilientes y basadas en marcos institucionales y normativos, y con mecanismos financieros sólidos.
Frente a esto, se vuelve necesario que los enfoques políticos aprovechen la conectividad progresiva entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales a través de inversiones en infraestructura, bienes públicos y capacidades mejoradas, a fin de aumentar el acceso a dietas saludables asequibles y lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todos en todo el proceso.
La implementación de estas soluciones requiere que los mecanismos e instituciones de gobernanza de los sistemas agroalimentarios crucen todas las fronteras sectoriales y administrativas y dependan de los gobiernos subnacionales y locales.
Los gobiernos locales en particular son actores fundamentales a la hora de aprovechar mecanismos multinivel y de múltiples partes interesadas que han demostrado ser eficaces en la implementación de políticas y soluciones esenciales para que las dietas saludables estén disponibles y sean asequibles para todos.
Además, es esencial poder invertir las cifras relativas a la inseguridad alimentaria moderada (sobre nutrición) o grave (desnutrición), que en Argentina ha ido creciendo en la última década hasta llegar al 36,9% de la población total en el periodo 2020-2022.En tal sentido la convergencia gradual de los patrones alimentarios en todo el espectro rural-urbano, incluido el consumo de alimentos altamente procesados, se necesitan políticas y legislación para promover entornos alimentarios saludables, tanto formales como informales, y empoderar a los consumidores para que elijan alimentos nutritivos. En las ciudades y pueblos intermedios y pequeños y en sus entornos periurbanos y rurales, las actividades intermedias de los sistemas agroalimentarios (es
decir, logística, procesamiento y venta al por mayor) pueden desempeñar un papel esencial en el desarrollo económico, reduciendo el costo de los alimentos nutritivos y mejorando las oportunidades de ingresos.
Es necesario aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo para desarrollar tecnologías e innovaciones que creen entornos alimentarios más saludables y aumenten la disponibilidad y asequibilidad de alimentos nutritivos en todo el espectro rural-urbano. Los escenarios planteados en el SOFI 2023 proyectan que casi 600 millones de personas estarán crónicamente desnutridas en 2030. La comunidad internacional, así como las entidades nacionales y locales, deben comprometerse a medio y largo plazo; este informe muestra cómo aprovechar la conectividad entre áreas rurales, periurbanas y urbanas, y garantizar el acceso a dietas saludables y asequibles para todos.
(1) https://www.fao.org/3/cc3017en/cc3017en.pdf
(2)https://unhabitat.org/argentina#:~:text=Argentina%20is%20a%20highly%20urbanized,Metropolitan%20area%20of%20Buenos%20Aires.
(3) https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/pnu_final_-_pagina_simple_dec-2019.pdf
Con información de Télam
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