La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba falló este martes a favor del cobro del aporte solidario y extraordinario a personas con alta capacidad contributiva por parte de la AFIP, al rechazar un planteo de confiscatoriedad esgrimido por un empresario para no abonar el tributo. De acuerdo a la determinación de oficio del organismo conducido por Carlos Castagneto, el ciudadano deberá pagar un importe de capital de 121 millones de pesos más intereses.
El contribuyente ya había recibido un fallo en contra de un juez de primera instancia el año pasado, que ahora fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. De esta manera, la Justicia consideró que el Aporte Solidario es un tributo en sentido amplio que afecta solamente el 3% del capital patrimonial del sujeto, y no debe estimarse, como pretendía el empresario, sobre sus rentas.
En ese sentido, la sentencia también desestimó el argumento respecto a la supuesta falta de liquidez del demandante, al señalar que se trata de un impuesto transitorio cuya obligación se cumple mediante un único pago. El dictamen asegura que se trata de una iniciativa que se impulsó en el marco de una emergencia extraordinaria originada en la irrupción del Covid-19 y no advierte motivos para declararlo confiscatorio o inconstitucional, señaló la AFIP en un comunicado.
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A partir de la decisión de la justicia federal y ante el incumplimiento del pago, la AFIP determinó de oficio el Aporte Solidario por un importe de capital de $121 millones, más los intereses. El Aporte Solidario y Extraordinario fue uno de los instrumentos impulsados por el Gobierno nacional durante la emergencia sanitaria para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento genuino del sector público.
AFIP busca que paguen
La Dirección General Impositiva (DGI) intimó en julio a un exejecutivo del sistema financiero a pagar $ 2.100 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario. Las tareas de fiscalización y control del organismo permitieron detectar que el contribuyente posee bienes valuados en más de $50.000 millones, entre los que se encuentran participaciones en empresas, inmuebles y automotores de alta gama, tanto en el país como en el exterior.
Sin embargo, a pesar de su elevada capacidad contributiva, no había realizado el Aporte Solidario y Extraordinario, lo que dio pie a investigaciones que culminaron con un ajuste de $ 2.100 millones. Desde su vencimiento, la AFIP ajustó en concepto de este gravamen a 87 contribuyentes por un total de $25.000 millones, más intereses y multas.
En 2022, la Justicia Federal de Reconquista ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos al exfutbolista y productor agropecuario Gabriel Batistuta, luego de una demanda de la AFIP por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.
Con información de Télam