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Así se viene sucediendo desde febrero pasado, donde juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados.
Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación al diario Clarín. Todos ellos obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.
Tras los reiterados pedidos desde los editoriales del diario La Nación, que cumple durante el macrismo una función de lobbista para reivindicar la dictadura y pedir más poder para los militares y libertad para presos condenados, finalmente el Gobierno está cumpliendo al pie de la letra la mayoría de los reclamos.
Al momento hay 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.
Según revela Clarín, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.
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