El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.
“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.
“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.
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Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.
Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.
La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.
La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.
Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.
Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.
El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.
“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.
Con información de Télam
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