La Unión Europea pondrá en marcha el mes que viene la fase inicial de su plan para establecer el primer impuesto mundial fronterizo sobre las emisiones de CO2. En virtud de este impuesto, los importadores deberán notificar las emisiones de CO2 de los productos que vendan en Europa, como el acero y el cemento, o se arriesgarán a sanciones económicas.
El objetivo del nuevo régimen es evitar que las industrias nacionales de la UE se vean perjudicadas por competidores extranjeros más contaminantes, mientras invierten en reducir las emisiones.
Una vez que esté plenamente en vigor a partir de 2026, las importaciones a la UE pagarán una tasa de CO2 igual a la que ya pagan las empresas europeas en el mercado europeo del carbono.
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Se prevé que Turquía, Ucrania, China y Rusia sean los países con mayor volumen de exportaciones afectadas por el impuesto sobre las emisiones de CO2, aunque el comercio de la UE con Rusia se ha desplomado desde el conflicto ucraniano.
Las industrias europeas, ucranianas y británicas esperan que el impacto inicial sea mínimo, pero advierten de las posibles consecuencias cuando se aplique la totalidad de la tasa en 2026.
A partir de octubre, las empresas que importen a la UE acero, cemento, aluminio, electricidad, fertilizantes e hidrógeno deberán notificar las emisiones que produzcan.
Las empresas que no informen se enfrentarán a sanciones de hasta 50 euros por tonelada de CO2. A partir de 2026, se aplicará una tasa de CO2 a las mercancías introducidas en la UE.
Un portavoz de UK Steel declaró que no se espera un impacto significativo en la fase inicial de notificación.
Un portavoz de ArcelorMittal Kryvyi Rih, filial ucraniana de la siderúrgica ArcelorMittal, declaró que tenía "casi todos" los datos listos para cumplir la normativa.
"Sin embargo, surgen dudas sobre el coste de esta adaptación y la competitividad de los productos ucranianos en 2026", dijo el portavoz, citando la limitada capacidad de las empresas para invertir en descarbonización en tiempos de guerra.
La tasa fronteriza no se aplicará a las importaciones de países con un precio del CO2 igual al de la UE. Ello podría beneficiar a Ucrania, que está alineando sus políticas climáticas con las de la UE en su intento de ingresar en el bloque.
La tasa de la UE también permite exenciones a los países que se enfrentan a situaciones no provocadas que destruyen infraestructuras.
"Se evaluará a su debido tiempo si esta cláusula puede abordar eficazmente la situación excepcional de Ucrania", declaró un funcionario de la Comisión Europea.
COSTES IGUALES
Bruselas espera que la tasa fronteriza pueda aprovechar el poder de mercado de Europa para empujar a las empresas extranjeras a reducir sus emisiones para evitar la tasa de CO2.
Las empresas extranjeras —y gobiernos como el chino— han advertido de otras consecuencias.
El secretario general de la Asociación China del Hierro y el Acero, Jiang Wei, dijo que la política podría elevar el precio de las exportaciones chinas de acero a la UE entre un 4% y un 6%, según informaron este mes los medios estatales.
La Asociación no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
En un mensaje publicado en WeChat el 31 de agosto, el fabricante de acero chino Baowu Steel Group describió el gravamen de la UE como un "enorme desafío".
"El noventa por ciento del acero se produce a partir del proceso basado en altos hornos y hornos básicos de oxígeno, que es intensivo en capital y requiere una enorme inversión y tiempo para la modificación tecnológica", dijo la compañía.
Los importadores pueden utilizar inicialmente valores por defecto para calcular la huella de CO2 de los productos si los proveedores no facilitan datos precisos. Los primeros informes deberán presentarse en enero.
Las industrias europeas han instado a Bruselas a garantizar que esta indulgencia sea solo temporal.
Si no utiliza datos reales sobre emisiones, la tasa no penalizará a los generadores de electricidad más intensivos en carbono, dijo Ioana Petcu, asesora de la asociación industrial Eurelectric.
"La fase transitoria debe aprovecharse para colmar lagunas y establecer normas más estrictas contra la elusión", declaró Adolfo Aiello, Director General Adjunto de Eurofer.
Es probable que la preocupación por la elusión aumente a medida que se acerque la fecha de entrada en vigor de la tasa, en 2026, y Bruselas empiece a retirar progresivamente los permisos gratuitos de CO2 que concede actualmente a las empresas europeas para reducir su factura de carbono.
Con información de Reuters
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