Un castigo inesperado sacude a San Lorenzo, en medio del mal andar en la Copa de la Liga Profesional 2023. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa ganó un solo partido en once fechas en el torneo y le apunta a las semifinales de la Copa Argentina. Sin embargo, en este caso, las novedades negativas estuvieron fuera de la cancha.
De acuerdo con la confirmación de las fuentes judiciales, la institución de Boedo fue condenada a abonar algo más de 40 millones de pesos, más los intereses, por los servicios impagos a una empresa de seguridad. La sentencia, que ratificó la de primera instancia, la dictó la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial. La demanda fue promovida por la empresa Nivel 3 Seguridad SRL, que prestó servicios de prevención y vigilancia desde septiembre de 2018 hasta julio de 2021, tanto en el estadio de futbol como en la sede social del club.
Durante el juicio, la institución deportiva negó la deuda pero el Tribunal consideró, una vez probada la locación de servicios, que no aportó ninguna documentación, mientras que fueron constatados los registros de los libros contables de la demandante, coincidentes con la facturación mensual sin cancelar. La empresa de vigilancia denunció, además, que el club actuaba como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que como algunas de las realizadas “no fueron ingresadas” a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se generó una deuda por la que tuvo que solventar la suma de 1.095.843 pesos.
“Sabido es que en el derecho argentino la prueba de libros tiene particular fuerza de convicción en materia mercantil” y “el tribunal no podría sentenciar un pleito entre comerciantes contra el resultado de este elemento de juicio, sin contar con una profunda e idónea crítica” en su contra, acotaron las camaristas Matilde Ballerini y María Guadalupe Vásquez. También se evaluó un intercambio epistolar supervisado por un experto en informática del que surgía que, contrariamente a lo expuesto por el club, la demandada conocía la facturación mensual y las pretensiones de cobro de parte de la prestadora del servicio de vigilancia.
“En tanto fue probada en autos la recepción de las facturas y su aceptación, ante la falta de impugnación, ello permite tener por acreditada la efectiva prestación de los servicios en cuestión”, agregaron las magistradas. La sentencia ratificada condenó a pagar 41.411.893,50 pesos, más los intereses a practicar desde que cada suma que integra la liquidación es debida.
Con la información de Télam.
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