Los abogados Víctor Stinfale y Matías Morla fueron citados a indagatoria este martes en una causa penal por supuesta manipulación psicológica a través del suministro de alcohol, fármacos y drogas a Diego Maradona para apropiarse de sus bienes y sus marcas. Además, hay otros siete imputados.
La investigación, que se dio por una denuncia de Dalma, Gianinna y Diego Fernando, tres de los hijos del ídolo argentino, había sido suspendida en marzo de 2022 pero se volvió a reabrir y quedó caratulada como "asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces". Se llevará adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield y el juez de Garantías 3, Pablo Raele.
Morla deberá comparecer ante la Justicia el 27 de octubre en la unidad de La Plata, mientras que Stinfale lo hará cuatro días después que su colega. El 1 de noviembre le tocará el turno a Sergio Garmendia (secretario de Maradona), el 2 deberá personarse Christian Maximiliano Pomargo (cuñado de Morla y asistente personal de Maradona), el 3 Vanesa Morla (hermana de Matías) y el 4 Maximiliano Trimarchi (chofer de Maradona). Así mismo, el 7 de noviembre deberá acercarse el empresario italiano Stefano Ceci, el 8 tendrá que ir Carlos Orlando “Charly” Ibañez (asistente personal de Maradona) y el 9 fue notificada Sandra Iampolsky (escribana).
Todos están acusados de los delitos de “asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces”, por hechos ocurridos en el country Campos de Roca de la localidad de Brandsen, donde vivía Maradona antes de su fallecimiento. La fiscal Corfield acusa a Morla y Stinfale de ser los “organizadores del plan”, de crear alrededor de Maradona una red de “personas que respondían a sus intereses”, de haberle suministrado drogas, alcohol y fármacos “para mantenerlo en estado de confusión mental” y así haberle hecho firmar un contrato con cesión de la explotación económica de sus derechos de imagen a la firma Sattvica, de la cual Morla de la víctima y su cuñado, Pomargo, eran los propietarios.
Según la imputación, este plan se formó "con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura". Además, en su escrito detalló: "Se encuentra acreditado que solo podían acceder a visitarlo quienes estuvieran autorizados previamente por alguno de los imputados, y si para el caso se autorizaba la visita o contacto telefónico de algún amigo o familiar, la orden era que no podían quedar solos, siempre debía estar presente uno de los imputados o persona de confianza de ellos, como lo eran los encargados de seguridad, para ver y oír todo cuanto allí sucediera y hasta, cuando se tornara inconveniente para sus intereses, intervenir para disolver el contacto".
Corfield también detalló cómo hacían los apoderados de Diego para restringirle relaciones con gente que lo buscaba. "Con el mismo fin, el de impedirle contactarse con amigos y familiares, cambiaban permanentemente sus números de abonado telefónico y le manipulaban los aparatos de telefonía celular, a los que les modificaban la agenda de contactos, o los colocaban en modo avión, para que no pueda generar ni recibir comunicaciones", indicó.
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