Mauricio Macri, Germán Garavano y Laura Alonso fueron denunciados penalmente por “negociar impunidad” de forma extrajudicial con Odebrecht, que pagó coimas y está vinculada a la familia presidencial. Los funcionarios mantuvieron reuniones con la empresa y criticaron al Ministerio Público, que acordó el traspaso de información confidencial con Brasil para investigar a todos los argentinos involucrados en el Lava Jato.
El diputado Rodolfo Tailhade radicó la demanda en Comodoro Py contra las tres altas autoridades del Ejecutivo por reunirse a espaldas de la Justicia con la empresa que pagó coimas. La presentación de 33 páginas, a la que accedió El Destape, pide la imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, usurpación de autoridad, títulos u honores, encubrimiento agravado y abuso de autoridad contra el jefe de Estado, el Ministro de Justicia y la titular de la Oficina Anticorrupción.
“La ilegalidad del obrar del Gobierno resulta más grave aún si se tiene en cuenta que existen vínculos indisolubles entre la compañía brasileña, el Presidente, su familia y su entorno. Es posible decir, entonces, que en estas tratativas se está negociando la impunidad del propio Macri”, esgrime el legislador nacional del Frente Para la Victoria - PJ.
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Tailhade aclara que los encuentros a puertas cerradas pero publicitados por Garavano y Alonso con los ejecutivos de la filial argentina de Odebrecht fueron “intentos de obtener anticipadamente la información confidencial que aquellos pudieran aportar y de ese modo, controlar los daños que esos datos se encaminan a producir sobre la familia del Presidente y sus más cercanos amigos”. El objetivo, apunta el diputado, es evitar “que salga a la luz la posible participación de otras empresas vinculadas al Presidente”.
“El Poder Ejecutivo lanzó una desesperada ofensiva para obtener esa información antes que la Justicia”, describió el parlamentario. Es que las reuniones del Ejecutivo se realizaron con la excusa de las dilaciones impuestas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien es la única con el poder de acordar el intercambio de documentación con la justicia brasileña, tal como realizó. De hecho, los fiscales federales encargados de las causas involucradas viajaron hace dos semanas a Brasilia para cerrar los detalles logísticos.
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En diciembre del año pasado, la Procuraduría General de Brasil alcanzó un acuerdo con Odebrecht, en el marco de un acuerdo más amplio del que tomaron parte la Procuración General Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A partir de allí, comenzó a cooperar con la justicia de los 15 países involucrados en el escándalo. En Argentina, la compañía habría pagado U$S 35 millones de sobornos.
La denuncia de Tailhade cayó por sorteo en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien este año trabaja en conjunto con la fiscalía de Federico Delgado. Este dúo ya manejó un caso de sobornos presuntamente pagados por Odebrecht al director general de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, amigo íntimo de Macri. Poco antes de que un arrepentido admitiera haberle transferido U$S 850.000 al jefe de los espías estatales, en un suceso inédito y excepcional, Canicoba Corral lo sobreseyó antes de empezar a investigarlo. Delgado apeló, pero el fiscal general Germán Moldes desistió de darle impulso, por lo que el expediente depende de la decisión de la Cámara de Casación.
Además de esta causa, sobre Odebrecht la Justicia Federal argentina investiga otras cinco causas. Una de ellas es el soterramiento del Sarmiento, adjudicado en 2008 al consorcio Odebrecht, Iecsa (en ese entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri)-, Comsa SA y la italiana Ghella. También el pago de $ 45.000 millones que el Gobierno autorizó mediante DNU al consorcio Ghella, Oderbretch e Iecsa para la realización de la obra del soterramiento del Sarmiento; la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA y la ampliación de dos gasoductos; las maniobras desarrolladas por la brasileña en el concurso preventivo de Correo Argentino SA; la compra de bonos de la provincia de Córdoba por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para financiar la construcción de gasoductos por parte de Odebrecht.
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