Los números de la gestión del Presidente Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño no hacen más que dejar en evidencia la falta de políticas de Estado para erradicar un déficit habitacional, que, lejos de haberse disminuido, aumentó en forma constante año tras año bajo su gestión, siendo la Ciudad de Buenos Aires el distrito que mayor crecimiento del déficit registró en el país en los últimos diez años y el que menos soluciones brindó.
Para encontrar respuestas a la profunda crisis habitacional que heredó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es necesario acudir a la llamativa falta de inversión en políticas de Estado inclusivas y de largo plazo durante los últimos mandatos. Pese a que hoy uno de cada diez porteños vive en villas y asentamientos, el porcentaje destinado a la urbanización resultó ser cada vez menor: mientras en 2005, bajo la gestión de Aníbal Ibarra se destinaba un 2,5 por ciento del presupuesto, diez años después la administración de Mauricio Macri llegó al mínimo histórico en inversión, consignando apenas el 0,6 por ciento del total del presupuesto, aún cuando la cantidad de residentes en villas y asentamientos aumentó, al menos, en un 157 por ciento durante sus mandatos.
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Es decir que hoy, en la ciudad más rica del país, alrededor de 275.000 personas continúan en una eterna lista de espera por obtener su título de propiedad y el acceso a los servicios básicos e indispensables para cualquier ser humano.
Por su parte, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), tampoco ha logrado dar respuesta a los más de 132.000 hogares (cerca del12 por ciento), que según el censo de 2010, necesitaban de una solución habitacional, es decir, refaccionar, ampliar o cambiar de vivienda. De los casos registrados, el IVC respondió a las necesidades de 7000 viviendas en los últimos cinco años, lo que representa menos del 5 por ciento de los casos que necesitaban de una solución primaria o secundaria.
Lejos de encontrar en la inversión una solución, la administración porteña redujo el presupuesto destinado al área de Vivienda en forma constante desde su asunción: entre 2008 y 2015 el recorte presupuestario alcanzó el 1,4 por ciento, destinando para este año apenas un 2,4 por ciento, lo que deja a la vista la enorme desigualdad en términos presupuestarios y las prioridades establecidas por la gestión.
Según un informe emitido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se puede observar que el gobierno porteño optó por priorizar el destino de sus fondos a gastos en Publicidad y Espacio Público, dejando en un segundo plano las áreas de Educación, Salud y Vivienda. Allí se percibe que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que tiene más asignación para obras, un monto de $3.631.179.993, que representa un 10.7 por ciento, por sobre los fondos destinados al Ministerio de Educación, $ 1.219.001.903 y el de Salud, que tiene asignados $ 873.712.999.
En el estudio llevado a cabo se distingue cómo la gestión porteña gastó en 2014 $ 8.000.000 en decoración navideña, en contraposición con los $ 6.390.000 destinados a la reconstrucción integral del Hospital Ramos Mejía, donde también se expone que se destinaron casi 500.000 pesos más a la instalación de bares en parques públicos que a las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión. Las obras para villas y asentamientos dependientes de UGIS recibieron $ 27.573.260, menos de la mitad que el mantenimiento interno del Microcentro: $ 65.000.000.
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Además, desde la oposición al macrismo aseguran que la segmentación de las áreas destinadas a solucionar los problemas habitacionales favorece al crecimiento del déficit y entorpece las gestiones y los controles: el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), PROSUR, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CODIPIS) son los seis organismos existentes hoy que realizan tareas relacionadas a la vivienda, mientras que en 2012 surgió la SECHI, destinada a "eliminar la desigualdad entre la zona norte y sur de la Ciudad", que hoy tiene a su cargo tres organismos: la UGIS, el IVC y COPIDIS. Si bien uno de los desafíos que pregona es evitar el desigual acceso a los servicios públicos y eliminar la fragmentación de la ciudad, la división en tantos organismos atenta contra esos objetivos principales y trunca el desarrollo de una política integradora.
En el informe publicado por ACIJ el pasado año, se detalla que ninguno de estos seis organismos dependientes de tres ministerios logró una ejecución presupuestaria superior al 75 por ciento, siendo el área de Atención Inmediata, quien más utilizó de su partida para sanear aquellas situaciones que se presentan como urgentes y cuya solución es paliativa y de corto plazo, ignorando las políticas profundas que atiendan los problemas más inmediatos y serios que afectan a los ciudadanos.
El problema radica en poner el foco en inversiones secundarias, como parques y fachadas, que no abastecen las necesidades básicas fundamentales como el asfaltado de calles, instalación de cloacas y redes eléctricas. Un ejemplo de ello es el techo verde instalado en noviembre pasado en las villas 31 y 31 bis: este accionar fue visto como una manera de "esconder la pobreza", si bien desde el Gobierno de la Ciudad afirmaron que fue llevado a cabo por cuestiones de seguridad.
Tras dos períodos de gestión macrista, diecisiete años de fallos judiciales sobre urbanización incumplidos y la creación de diversos organismos de vivienda que se presentan como la solución ideal para el acceso a un techo, las villas continúan postergadas en la agenda política de quienes poseen las herramientas para solucionarlo. La enorme sub-ejecución del presupuesto y la designación de las partidas hacia otras áreas del gobierno hacen imposible el cumplimiento de un derecho humano básico.
En plena victoria electoral, el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prometió urbanizar las 36 villas porteñas, una vez que Nación ceda los terrenos, y aseguró que los habitantes de las villas recibirán la titularidad de los terrenos, a través del pago de créditos blandos.
En noviembre pasado, el actual ministro de seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, ofreció parte de la venta del coqueto shopping Buenos Aires Design para la construcción de viviendas y urbanización de asentamientos, tras un reclamo caratulado como "Villa Legislatura", llevado a cabo por agrupaciones de La Poderosa y la Corriente Villera Independiente en el Palacio Legislativo. El actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, prometió un millón de créditos hipotecarios y aseguró que con "2000 millones de pesos se resuelve la problemática de la ciudad".
De esta forma, consumada ya la victoria a nivel Nacional, Provincial y local en la Ciudad, el ex Presidente de Boca pareciera tener allanado el camino para atender un reclamo histórico que se agravó notoriamente bajo sus mandatos como alcalde.
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