Cómo es el código de censura en el cine argentino que impuso Javier Milei

El cine argentino está atravesando su peor momento desde la vuelta de la democracia, con un sistema de producción paralizado, amenazado y diezmado. En un contexto de desfinanciación y nula apuesta a la producción local, el director de cine Goyo Anchou -realizador de ¡Homofobia!, reciente película experimental que pudo verse en la última edición del BAFICI, en abril del 2024- rompió el silencio con una denuncia que expone a la gestión libertaria y su código de censura en los largos nacionales.

En diálogo con Darío Villarruel en Pase lo que Pase, en El Destape Radio, Goyo Anchou amplió la denuncia de censura en el cine argentino que días atrás blanqueó en sus redes sociales. Anchou señaló que fue víctima de censura en un espacio cultural dependiente del gobierno nacional, cuando le llegó como bajada de línea un "código de censura". "Es algo que ya está muy normalizado dentro de ciertos ámbitos, estos códigos de censura y esta supervisión de contenidos. Esto está en circulación desde casi el principio de la gestión del Gobierno...lo que pasa es que hay muy poca gente que se esté animando a dar la cara, porque lo que se genera con esto es un clima de persecución, miedo y hostigamiento", indicó el realizador. "La gente que está planificando esto lo hace a total conciencia", sumó, a la hora de hacer hincapié en la situación de temor que se vive entre los trabajadores de la cultura.

Cómo es el código de censura que impuso Milei en el cine argentino y qué películas están prohibidas

"Nos recitaron una serie de contenidos que no podíamos incluir: contenido LGBT, contenido feminista, contenido que criticara la dictadura militar, contenido que defendiera el gobierno anterior y, por último, películas con Lali Espósito. Suena así de ridículo", enumeró Anchou. La película Puan, de Benjamín Naishtat y María Alché, -donde Lali Espósito tiene apenas un breve cameo- es una de las cintas apuntadas por el gobierno y sacadas de la exhibición en cines.

Anchou fue el primer trabajador del cine en hacerse viral con su denuncia contra el gobierno de Javier Milei y precisamente contra las medidas impulsadas en la cartera de Cultura (el INCAA, institución autárquica y uno de los centros de los golpes de esta gestión, está encabezada por Carlos Pirovano): "Hice un posteo en Instagram porque no podía quedarme callado y lo hice de forma tal que no se supiera en cual de todos los centros culturales de Nación había pasado. Aún así, cuando al día siguiente esto empezó a rebotar, me comuniqué con una de estas personas que me pidió que por favor, sacara esta publicación porque sino se consideraba ya despedido".

Su valentía llevó a que otros empleados, "con terror a decir lo que está pasando", lo contactaran en privado para compartir experiencias similares en torno a esta bajada de línea sobre las películas y contenidos censurados. Ante esta situación: ¿Qué pasa si los programadores deciden no acatar la normativa del gobierno? De acuerdo al testimonio de Anchou, "varía según la capacidad de resistencias de cada programador. Si se la juegan o no. Toda la gente que yo conozco que trabaja en el Estado, en el campo cultural, la está pasando muy mal porque a esta gente no le tiembla el pulso para dejar a una familia en la calle".

Eliminan Subsidios y cuota de pantalla de cine argentino

A través del Decreto 662/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó una nueva reglamentación de la ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) y derogó el decreto 1405 del 21 de febrero de 1973 -y sus modificatorios 833 del 11 de abril de 1979 y 2414 del 13 de diciembre de 1985-, y el decreto 354 del 29 de junio de 2022. Estas dos resoluciones derogadas regulaban qué parte de la recaudación impositiva debía destinarse a los subsidios de la producción de películas nacionales y cómo debía regirse el mínimo de films locales que debían exhibirse en las salas de cine.

"Que el sistema de entrega de subsidios de la citada Institución ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países con fuertes industrias cinematográficas, por lo que debe ser modificado, modernizado y dotado de eficiencia", indica el decreto publicado hoy. En ese sentido, para el Gobierno debe "priorizarse el fomento a la industria cinematográfica, teniendo en cuenta la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, por sobre preferencias ideológicas". "Es necesario limitar el porcentaje del presupuesto que el INCAA destina a objetivos que no sean el fomento de la actividad cinematográfica", señala el texto.

El Gobierno argumentó su decisión al criticar el aumento "desproporcionado" de la planta del INCAA en las últimas dos décadas y el monto de partidas presupuestarias destinadas a financiar su funcionamiento. "Que en el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente NOVENTA (90) personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de NOVECIENTOS (900) agentes", remarca el texto. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó: “El aumento desproporcionado de la planta llevó a que, en el ejercicio anterior, el 42 % de los ingresos se destinaran a sueldos, lo que perjudica directamente el objeto principal del INCAA, es decir el fomento de la actividad cinematográfica”.

Para el Gobierno, durante los últimos años se le delegaron al INCAA tareas que "ninguna relación tienen con sus misiones y funciones” lo que generó un "incremento exponencial" del presupuesto. “El aumento de tareas no relacionadas y el incremento exponencial de la planta de empleados llevó a que, en el año 2023, se requirieran aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por, aproximadamente, la suma de PESOS MIL NOVECIENTOS MILLONES ($1.900.000.000) para afrontar gastos operativos, incluyendo la realización del “Festival Internacional de Cine de Mar del Plata” y “Ventana Sur”. Adicionalmente, el organismo se endeudó con proveedores por la suma de PESOS SETECIENTOS MILLONES ($700.000.000), deuda que fue transferida al ejercicio 2024", se detalló en el texto.