La doctora Ana María Polomarcó, mejor conocida por ser la conductora del mega hit televisivo Caso cerrado, atraviesa un complicado momento tras recibir una demanda millonaria de parte de una productora con la que habría tenido una relación sentimental. ¿Quién es Marlene Key, la misteriosa demandante que se animó a darle batalla a la abogada más famosa de los medios?
Distintos portales internacionales señalaron que la doctora Polo habría sido demandada por 2 millones de dólares por los derechos de propiedad intelectual de nombre del show televisivo con el que alcanzó la gloria. “Estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío pero le otorgué la licencia a Telemundo. Actualmente, la licencia de ese nombre la tiene Telemundo”, dijo remarcó la demandante en el portal TVyNovelas.
¿Quién es Marlene Key?
A pesar de que pocos medios internacionales tienen información sobre su perfil, todos destacan que ella y la abogada habrían mantenido una relación sentimental durante más de 20 años. Y la ruptura de esta habría provocado el estallido judicial. Cabe destacar que Polo eliminó todas las fotografías junto a Key que tenía en sus redes sociales, dando a entender que la relación sigue tensa.
Caso cerrado, un boom judicial de la televisión
Caso cerrado inició sus emisiones el 2 de abril de 2001 y se mantuvo en Telemundo durante 20 años de aire. La pandemia de coronavirus hizo que el exitoso show dejase de salir y la Dra Polo no renovó el contrato del programa. Pese a ello, la conductora confirmó a EFE, en abril de 2021, que planea continuar con su formato en una reconocida plataforma de streaming.
El programa tuvo 11 temporadas en las cuales la doctora Ana María Polo interviene en batallas legales conmovedoras que afectan a los latinoamericanos. Como en una corte, las partes presentan testigos y evidencias para que ella, en su calidad de árbitro, emita su decisión apoyada en su amplio conocimiento jurídico. Además, expertos contribuyen con su especialización en el tema en discusión. Con las voces escuchadas y las pruebas en la mano, de ambos bandos, la juez impone indemnizaciones, ordena arrestos o se inclina por no compensar al demandante.
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