Los optimistas anuncios realizados por el gobierno nacional sobre un acuerdo condicionado con el Fondo Monetario Internacional traen algunas reminiscencias sobre el "blindaje" promocionado por el gobierno de La Alianza un año antes de su derrumbe. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre aquel contexto y el presente. En aquel entonces se intentó sostener una paridad cambiaria incompatible con el desenvolvimiento de la economía argentina. Dada su inviabilidad, solo se contribuyó a financiar una importante salida de capitales (u$s 20.000 millones) que hizo derrapar al gobierno de De la Rúa. Esta vez, en parte por la restricción de la liquidez internacional y en parte porque el FMI no parece dispuesto a tropezar dos veces con la misma piedra, el voluminoso financiamiento anunciado de u$s 50.000 millones no sólo se va a desembolsar a cuentagotas, sino que se destinará casi con exclusividad a la cancelación de los servicios de la deuda argentina, de modo de impedir un nuevo default.
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Este esquema medular de asistencia coloca a la Argentina ante un doble ajuste en simultáneo. Por un lado, el remanido recorte fiscal que el gobierno difunde desaprensivamente planteando una reducción de casi u$s 20.000 millones de gasto primario en tres años, equivalentes a 3,7% del PIB. Ajuste que se descargará, sin lugar a dudas, sobre el sistema previsional, las provincias y las universidades, dado que las jubilaciones y las prestaciones de salud y educación públicas reúnen el grueso de la inversión estatal en protección social.
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La historia de nuestro país, y la del mundo, señalan que estos programas de recorte siempre fueron traumáticos y dolorosos, pero que en la Argentina afortunadamente la resistencia social es potente y presenta numerosos escollos para llevarlos adelante.
No obstante, lo descripto no es más que un clásico formulismo en los acuerdos fondomonetaristas. Lo que presenta ribetes acelerados de grave impacto social, casi catastrófico, es lo que se encubre dentro del apartado difundido por el gobierno como "autonomía del Banco Central". En esas dos hojas, con un decálogo de lugares comunes sobre la independencia del ente rector monetario y cambiario, se define el objetivo del programa que, además de ajustar las cuentas públicas, supone concluir con un sector externo absolutamente deficitario e inviable en sus cuentas corriente y de capital, producto de las políticas de Cambiemos y su torpe lectura internacional, largamente descriptas desde esta columna.
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El apoyo financiero multilateral voluminoso en los anuncios no tiene un cronograma preciso de desembolsos. Su administrador no será el Banco Central. Será el Ministerio de Hacienda, lo que implica que los fondos se depositarán en el Banco Nación-New York y no ingresarán al voraz mercado cambiario argentino sobre-demandado de dólares. Desde la cuenta oficial del Tesoro en la plaza neoyorquina se aplicarán a cancelar los servicios de la deuda pública. Por ello, el depositario y garante de su aplicación es el Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el Banco Central deberá afrontar en soledad y con los recursos que pueda reunir la demanda de divisas para importaciones, turismo, giro de dividendos y atesoramiento, cuidándose de rifar reservas internacionales y de sostener una paridad que no se aproxime a la de equilibrio del mercado. En un balance de pagos que en el primer cuatrimestre del año presentó déficits en la cuenta corriente de u$s 6.100 millones y en la cuenta capital de u$s4.800 millones, siendo sostenido por una pérdida de reservas de casi u$s 11.000 millones, una corrección de esos desequilibrios sin financiamiento o caída de reservas sólo se alcanza con una fuerte devaluación. El mercado saludó el anuncio del acuerdo con el FMI llevando el tipo de cambio por encima de $ 26 por dólar.
Sturzenegger anunció el abandono de las metas de inflación como señal de que la devaluación puede no tener techo, por lo que el arrastre de precios que ella provocaría tampoco. Notable ¿No? Pero la nota de color en este marasmo la dio el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, apurándose a anunciar el intento de ampliación del acuerdo de monedas con China para "fortalecer las reservas del BCRA". Increíble, después de expulsar a las empresas chinas de la ejecución de las represas hidroeléctricas ahora el gobierno le solicita a Beijing que le financie la corrida.
Capítulo aparte merecen los puntos destinados a reducir el stock de LeBaC, que asciende a $ 1.221.000 millones. El plan consiste en emitir deuda del Tesoro para reducir su volumen. La montaña de Letras emitidas por el BCRA representa el 9,1 % del PIB, por lo que, para cancelarlas con títulos en dólares del Tesoro, se debería aumentar la deuda en ese porcentaje. Además, serían valores a mediano plazo fondeados con depósitos en pesos a 30 días. La pregunta que surge es ¿Cómo quedan los ratios de liquidez de los bancos?
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