La segunda vuelta electoral por las elecciones presidenciales en Uruguay confrontan el modelo concentrador de la economía de la gestión del saliente Luis Lacalla Pou que defiende el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con el que permitió el mayor período de crecimiento y distribución entre 2005 y 2020, que representa el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi.
El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó un informe que examina la economía de Uruguay en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que tendrá lugar este domingo.
El informe, elaborado por los investigadores Joe Sammut, Jake Johnston y Guillermo Bervejillo, concluye que Uruguay experimentó un fuerte crecimiento económico y una notable reducción de la pobreza durante los gobiernos del Frente Amplio (2005–2020), período en el que el gasto social aumentó de manera significativa. Sin embargo, muchos de estos avances se han revertido bajo el liderazgo del Partido Nacional, debido en parte a la pandemia de COVID-19, pero también como resultado de decisiones políticas adoptadas por la administración de Lacalle Pou.
“Los partidos que aparecen en la hoja de votación en las elecciones de este domingo en Uruguay representan claramente dos caminos económicos muy distintos”, señaló Joe Sammut, coautor del informe. “Esto demuestra el impacto significativo que pueden tener las políticas económicas: en elevar los niveles de vida, reducir la pobreza y aumentar el acceso a la atención sanitaria. Es evidente que las políticas económicas previas fueron mucho más exitosas que las más recientes”.
El informe destaca que, desde 2005 hasta principios de 2020, Uruguay experimentó un período de crecimiento sólido e inclusivo que lo posicionó como la “historia de éxito” de América Latina. El gasto social aumentó del 18.5% al 25.8% del PIB, con nuevos y ampliados programas de transferencias monetarias que beneficiaron a más del 30% de los hogares, además de importantes reformas al sistema de salud que garantizaron un acceso equitativo y universal. Estas medidas contribuyeron a reducir la pobreza de casi el 40% en 2005 a menos del 9% en 2019, otorgándole a Uruguay el reconocimiento de ser el país de Sudamérica con los niveles más bajos de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, muchos de estos logros se han revertido bajo la administración del Partido Nacional desde 2020. El gobierno de Luis Lacalle Pou enfrentó el gran desafío de la pandemia de COVID-19, que comenzó pocos días después de asumir el cargo. No obstante, las decisiones políticas adoptadas por su administración contribuyeron a una recuperación más lenta y al estancamiento o empeoramiento de los indicadores sociales, situando a Uruguay por debajo del desempeño de la mayoría de sus pares en la región.
La administración de Lacalle Pou implementó una estricta regla fiscal que implicó menor gasto y una reducción del apoyo fiscal de forma más acelerada que en los países vecinos. El gasto se recortó, con una reducción del gasto social de más del 3% del PIB entre 2020 y 2023. Los programas de alivio por la pandemia se eliminaron antes que en otros países de la región, y la política monetaria se endureció de manera prematura, con un aumento de las tasas de interés incluso antes del fin de la pandemia y seis meses antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzara a incrementar sus propias tasas.
Como resultado, la tasa de pobreza en Uruguay es actualmente más alta que antes de la pandemia, a diferencia de la mayoría de sus pares regionales. Además, la desigualdad de ingresos ha aumentado: mientras los más ricos experimentaron un incremento en sus ingresos reales, el 50% más pobre vio caer sus ingresos reales en un 16%.
El gobierno de Lacalle Pou también restringió el crecimiento salarial y limitó las protecciones laborales, incluido el derecho a huelga, en marcado contraste con los incrementos significativos del salario mínimo y la creación de consejos salariales durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Desde el inicio del mandato de Lacalle Pou en 2020, los salarios reales han aumentado apenas un 3.1%, y el salario mínimo real solo un 1.7%, lo que representa el ritmo de crecimiento más lento desde 2004.
“Hay mucho que podemos aprender del enfoque de política económica redistributiva del Frente Amplio y de su capacidad para impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y disminuir la desigualdad, especialmente en tiempos de desafíos económicos”, señaló Guille Bervejillo, coautor del informe. “El gobierno de Lacalle Pou ha optado por la austeridad en un momento en que muchas personas necesitan mayor apoyo”, señaló Jake Johnston, coautor del informe.
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