Ocho jefes policiales de la Federal y de la ex Metropolitana fueron sobreseídos por la represión que ocasionó dos muertos y cinco heridos en el Indoamericano en 2010. El CELS explicó que “la decisión sienta un precedente muy preocupante para la investigación y sanción de hechos graves de violencia institucional”.
La jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal Argentina y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante el feroz operativo en el Parque Indoamericano. El único procesado fue Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por los homicidios de Chura Puña y Salgueiro y las lesiones.
El operativo en el Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, “fue una intervención violenta y abusiva de las fuerzas de seguridad”, recordó el organismo de derechos humanos. “La investigación probó que la Metropolitana y la Federal actuaron en coordinación e hicieron un uso descontrolado de la fuerza. Además de las balas de plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, los efectivos dispararon al menos 580 municiones anti tumulto y cuando el terreno ya estaba vacío persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían”, describió.
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Otros efectivos dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la Villa 20. Como resultado, dos personas murieron y cinco fueron heridas por el impacto de armas de fuego. Ninguna de estas personas estaba adentro del parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado.
Más de siete años después, “la decisión de deslindar a los jefes policiales de las consecuencias que tuvo ese operativo sienta un grave precedente. Independientemente de cómo avance la investigación de la responsabilidad de Picart, un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el poder judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron”, analizó el CELS, que remarcó que los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo.
“Esta decisión muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes”, apuntó. En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary Chura Puña, quien tenía 28 años y vivía en el barrio de Los Piletones.
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