Hace tiempo que el Gobierno está decidido a intervenir en el Poder Judicial para disciplinar a los jueces que fallen en contra de sus intereses. Desde el Consejo de la Magistratura, el órgano desde el que se selecciona y sanciona magistrados, el oficialismo arremete contra todo aquel funcionario judicial que entorpezca sus planes.
El caso del camarista federal Eduardo Freiler, desplazado de forma escandalosa de su cargo en noviembre de 2017, consolidó una etapa de hegemonía macrista en el Consejo. Con la última renovación de la institución producto de las elecciones legislativas de octubre pasado, el macrismo logró articular con aliados la mayoría de 9 votos (sobre 13 consejeros) a partir de los cuales puede remover (o postular) jueces.
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El último caso que refleja el actual estado de situación tiene a los camaristas federales Eduardo Farah y Jorge Ballestero, ex colegas de Freiler, como protagonistas. Ambos quedaron en la mira de la Casa Rosada al dejar en libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, revirtiendo un fallo de primera instancia (cambiaron la carátula de “partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado” a “evasión”). La decisión molestó al presidente Mauricio Macri, quien hizo público su descontento. Los dos magistrados fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura.
La excusa formal de la primera acusación contra ellos fue por la forma en que se integró la sala I que definió la suerte de los empresarios por dos votos contra uno. Como tiene dos integrantes que no se pusieron de acuerdo (Ballestero y Leopoldo Bruglia, quien llegó al cargo por decisión del Gobierno y votó en contra) hubo que convocar a un camarista de la segunda sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Solo había dos opciones y la balanza se inclinó por Farah porque ya había abordado el tema y el caso le correspondía por conexidad. Como falló en contra de la voluntad oficial, desató la ira del Presidente.
En Tribunales se esperaba una reacción de estas características en el marco de la extrema presión que ejerce el Gobierno sobre los jueces que no se manifiestan según sus deseos. El mensaje hacia el resto del mundo judicial fue contundente.
Apuntados
La presentación de una denuncia en el Consejo contra quien se exprese en contra de sus intereses se volvió una práctica habitual para el macrismo. El intento de disciplinamiento busca bajar en cascada sobre todos aquellos que tienen una causa abierta en aquel órgano para condicionar futuros fallos.
Ana Figueroa, integrante de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, sufrió en carne propia el modus operandi del Gobierno.
Compañera de Carlos Mahiques, quien llegó a la máxima instancia penal del país en 2017 vía decreto y desde la Casación ordinaria, cometió el “pecado” de asegurar que no rechazaría un pedido de recusación contra el camarista traspasado, a quien se le cuestiona su escandalosa designación por inconstitucional. El 15 de febrero de este año, una semana después de haber advertido a sus colegas (el mentado Mahiques y Gustavo Hornos) sobre su posición, fue notificada del avance de una causa en su contra en el Consejo.
Concretamente, se le juntaron una serie de denuncias del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de su par, el camarista Juan Carlos Gemignani, quien ganó notoriedad pública por encarcelar a una secretaria que no le hizo caso a una orden (esto le provocó una denuncia en el Consejo que está paralizada al camarista de vínculos con el radicalismo). A Figueroa se le achacó desde querer retener la causa AMIA a arreglos edilicios de la sala I y recibir bienes de uso informático del Ministerio Planificación Federal para instalación de una sala de videoconferencia. Curiosidades de la vida judicial: el consejero instructor de los expedientes en su contra es Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo, hombre vinculado al operador judicial del PRO, Daniel “Tano” Angelici, e hijo de Carlos Mahiques.
El juez federal Ariel Lijo también se encuentra inmerso en una red de relaciones cruzadas que en tribunales los desconfiados no adjudican al azar. El titular del juzgado federal N° 4 tiene en su haber un expediente sensible para el Poder Ejecutivo: la causa penal que se abrió por la deuda del Correo Argentino, que involucra de lleno a la familia Macri.
Como es de esperar, Lijo también tiene una serie de denuncias en el Consejo, que se cocinan a fuego lento. Por ejemplo, se investiga su patrimonio. Concretamente, su participación en el haras de su hermano, Alfredo. “Si cae en desgracia, nadie lo va a llorar”, afirma un funcionario judicial que lleva décadas en el Poder Judicial respecto a Lijo. Más allá de la simpatía o antipatía que pueda despertar el magistrado, lo cierto es que a muchos de sus colegas les alarma la situación que refleja su caso.
Distinto fuero, mismo accionar
El gobierno no discrimina en fueros ni en competencias a la hora de presionar. En el Penal, el Laboral o el Contencioso Administrativo, el accionar es el mismo.
En el campo laboral se destaca el caso de la jueza Mirta González Burbridge que reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional. Fue denunciada en mayo de 2017 por esa entidad del Estado. El 5 de abril, Juan Bautista Mahiques pidió la postergación del proceso disciplinario a los efectos de que el caso siguiera vigente. El ataque contra la magistrada en este caso es por el contenido de su sentencia, algo que no suele ser bien visto por la corporación judicial.
El de González Burbridge no fue un caso aislado en el fuero laboral, que será clave a la hora de defender los derechos de los trabajadores cuando se busque implementar la reforma en el mundo del trabajo. Los magistrado Diana Cañal y Luis Raffaghelli sufrieron el mismo “apercibimiento” por dictar la reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom (el expediente en el Consejo se abrió en mayo de 2017 y fue instruido por Mahiques). En este caso, la denuncia contra los jueces laborales la realizó el Ente Nacional de Comunicaciones.
Más resonantes fueron los casos de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes el Gobierno denunció en el Consejo luego de que dieran lugar a una medida cautelar presentada por el sindicato La Bancaria para que los bancos cumplieran con el acuerdo paritario que habían suscripto en diciembre de 2016 y que la Casa Rosada luego no quiso legitimar. El Ministerio de Trabajo pidió su juicio político.
Por caso, el juez federal Daniel Rafecas también sabe lo que implica sentir el aliento del desplazamiento en la nuca. El Gobierno intentó removerlo del cargo por no darle curso a la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por la firma del Mermorándum con Irán que luego el juez Claudio Bonadio reimpulsó. Como el expediente vencía (se cumplían los 3 años), el oficialismo se vio obligado a tratar su caso. El macrismo no obtuvo el apoyo de los consejeros que representan a los jueces y se tuvo que contentar con una sanción disciplinaria contra el magistrado.
No obstante, para que Rafecas no olvide que sigue bajo la lupa del Gobierno, aún tiene otros expedientes abiertos en el órgano que sanciona jueces.
Efectos
Los efectos que provoca este escenario son evidentes. La titular de Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº4, Rita Ailán, decidió excusarse de tomar una denuncia en contra de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal nombrado a dedo por el macrismo, porque está denunciada en el Consejo. El consejero instructor de las denuncias en su contra es Juan Bautista Mahiques, hijo de Carlos.
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